El Grupo Dabra, propietario de reconocidas cadenas deportivas como Dexter, Stock Center, Moov y la plataforma Netshoes, anunció el cierre definitivo de su planta de producción de calzado en Sumalao, Catamarca. La medida, que afecta a 23 trabajadores, implica el fin de la fabricación nacional de productos de la marca Lotto, una de las más emblemáticas del fútbol argentino.

La decisión de Dabra responde a un contexto de crisis industrial, caracterizado por la caída del consumo interno, el aumento de los costos de producción y la creciente competencia de productos importados, especialmente desde Brasil. Según fuentes empresariales, la compañía optó por abandonar la manufactura local para enfocarse exclusivamente en la comercialización y logística omnicanal, priorizando el abastecimiento mediante importaciones.

El cierre de la planta fue sorpresivo para los empleados, quienes se enteraron de la medida al llegar a su lugar de trabajo y encontrar las puertas cerradas. Esta situación derivó en un conflicto gremial, con denuncias de irregularidades en las propuestas de indemnización y la intervención del sindicato UTICRA y el Ministerio de Trabajo de Catamarca. Tras intensas negociaciones, se acordó el pago de parte de las indemnizaciones en cuotas, aunque el acuerdo dejó insatisfacción entre los trabajadores afectados.

La planta de Sumalao había sido durante años un pilar de la producción de calzado deportivo en la región, llegando a fabricar hasta mil pares diarios de botines Lotto. El cierre representa un duro golpe para la economía local, donde las alternativas de empleo formal y calificado son limitadas.

Desde 2019, bajo la conducción de Alberto Calvo, Dabra había profundizado su estrategia de digitalización y optimización logística, relegando progresivamente la producción industrial. El caso de Dabra se suma a una tendencia creciente de empresas argentinas que, ante la apertura comercial y la baja de ventas internas, optan por importar productos terminados en lugar de fabricarlos localmente.

El impacto de esta decisión trasciende a la provincia de Catamarca y reaviva el debate sobre la desindustrialización y la pérdida de empleos en el sector manufacturero argentino. Analistas y representantes sindicales advierten sobre las consecuencias sociales y económicas de este fenómeno, que afecta especialmente a las economías regionales y a los trabajadores calificados.