El periodista Luciano Barroso, quien se desempeñaba en el área de prensa del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) de Río Negro, denunció haber sido despedido tras cubrir el caso del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico y con presuntos vínculos políticos. Barroso, colaborador de diversos medios nacionales, realizó una entrevista a Machado en su vivienda pocas horas antes de que fuera detenido por la Policía Federal Argentina, en el marco de un proceso de extradición.

La notificación de despido fue entregada el miércoles siguiente a la cobertura, firmada por Juana Carla Benítez, presidenta del IPAP. Según Barroso, la nota oficial no incluía motivos explícitos para la desvinculación. "Fui despedido sin ningún motivo ni justificación. Nadie me dijo absolutamente nada al respecto", declaró el periodista en sus redes sociales y en distintos portales. Barroso sostiene que sus actividades periodísticas se realizaron fuera de su horario laboral y que la decisión responde a su aparición en medios nacionales y a la cobertura del caso Machado, que involucra al gobernador Alberto Weretilneck.

Desde el gobierno provincial, se argumentó que el despido estuvo fundamentado en el "abandono de tareas en horario de trabajo". Sin embargo, Barroso refuta esta versión y afirma que no hubo tal abandono, ya que sus colaboraciones con medios nacionales ocurrieron fuera de su jornada laboral en el IPAP.

El caso Machado ha tenido amplias repercusiones políticas y mediáticas, incluyendo la renuncia de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza, tras revelarse aportes económicos del empresario a su campaña presidencial en 2019. Además, el gobernador Weretilneck reconoció públicamente haber mantenido encuentros con Machado y la permanencia de allegados al empresario en el bloque oficialista.

La desvinculación de Barroso ha sido calificada por diversos medios y actores como un ataque a la libertad de prensa y ha suscitado muestras de solidaridad por parte de periodistas y organizaciones. Barroso denuncia que en Río Negro existe censura y persecución política, mientras que el gobierno provincial niega motivaciones políticas y sostiene que la medida responde a cuestiones administrativas.

El episodio se enmarca en un contexto de creciente tensión política y mediática en la provincia, con denuncias de censura y repercusiones judiciales que continúan generando debate público. La situación plantea interrogantes sobre la libertad de prensa y el ejercicio profesional independiente en el ámbito estatal, mientras se esperan definiciones sobre el futuro laboral de Barroso y el desarrollo de las investigaciones vinculadas al caso Machado.