La presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Argentina quedó al descubierto tras una serie de investigaciones judiciales y policiales que comenzaron en 2009, cuando un accidente automovilístico en Puerto Madero alertó a la Prefectura sobre la posible actividad de ciudadanos mexicanos vinculados al narcotráfico. El fiscal Sebastián Basso relató que la patente del vehículo involucrado estaba a nombre de una empresa recién creada, cuyo presidente era un argentino de bajos recursos, lo que motivó el inicio de una pesquisa en la fiscalía de Morón.

Las investigaciones revelaron que los mexicanos, familiares directos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG, habían comenzado a transferir millones de dólares a Argentina. Alquilaban locales en zonas clave de Buenos Aires y abrieron una cadena de drugstores, de los cuales solo uno llegó a funcionar en Puerto Madero. Gerardo González Valencia, cuñado de "El Mencho" y segundo al mando de "Los Cuinis", brazo financiero del cartel, se radicó en el país con su familia, inscribió sociedades y pagó colegios VIP para sus hijos.

La red de lavado de dinero operaba mediante empresas y testaferros argentinos, quienes también fueron procesados. Oscar Calvete Souza, uno de los socios locales, fue condenado a tres años de prisión y una multa de 196 millones de pesos. El dinero secuestrado permanece bajo custodia judicial, mientras el juicio oral avanza contra los argentinos involucrados.

En 2012, González Valencia se mudó precipitadamente a Uruguay, donde fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, donde recibió cadena perpetua por tráfico de drogas. Durante su detención, amenazó a autoridades uruguayas, evidenciando el perfil violento del cartel.

El desembarco del CJNG en Argentina ocurrió durante el gobierno de Cristina Kirchner y se suma a otros casos de narcos internacionales que eligieron el país como base de operaciones. La colaboración entre la DEA y autoridades argentinas fue clave para desbaratar parte de la red, aunque algunos implicados permanecen prófugos. El caso refleja la vulnerabilidad de Argentina ante organizaciones criminales transnacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y cooperación internacional.