La reciente presión del Tesoro estadounidense sobre el gobierno de Javier Milei ha reavivado el debate sobre la adhesión de Argentina al régimen global de protección de patentes. Como parte de las exigencias tras el rescate financiero, Estados Unidos ha colocado la firma del Patent Cooperation Treaty (PCT) como una prioridad en sus negociaciones con el país sudamericano.

Actualmente, Argentina se encuentra entre los pocos países que no han suscrito el PCT, junto a China y Venezuela. Esta situación responde, en gran parte, al fuerte lobby de los laboratorios nacionales, encabezados por Hugo Sigman y Daniel Sielecki, quienes han defendido históricamente la protección local de la industria farmacéutica. "El despido de Mondino tuvo mucho que ver con su pelea con los laboratorios nacionales", señaló un diplomático que participó en las negociaciones, haciendo referencia a la ex canciller Diana Mondino, quien apoyaba la adhesión al tratado.

El impacto de la falta de protección de patentes se ha hecho sentir en sectores como el agrícola, donde Argentina ha perdido competitividad frente a Brasil. Mientras hace una década la producción argentina rondaba los 60 millones de toneladas, hoy se sitúa en 50 millones, mientras que Brasil ha escalado de 90 a 135 millones de toneladas.

En el gabinete de Milei, Federico Sturzenegger ha intentado avanzar en la desregulación y la compra de medicamentos más baratos en el exterior, pero se ha encontrado con la resistencia de los laboratorios nacionales y del propio presidente. El ministro de Salud, Mario Lugones, ha frenado la anulación de un decreto clave que protege a la industria local, manteniendo el statu quo.

La administración Milei se enfrenta así a una encrucijada: por un lado, las exigencias de Estados Unidos y la necesidad de alinearse con estándares internacionales; por otro, el poder de los laboratorios nacionales y sus vínculos con la política local. El debate sobre las patentes se entrelaza con otros intereses económicos y diplomáticos, como el swap con China y las retenciones a la soja, lo que complica aún más la toma de decisiones.

De cara al futuro, la resolución de este conflicto será determinante para la política industrial y sanitaria de Argentina, así como para sus relaciones internacionales. La presión de Estados Unidos y el lobby local auguran un escenario de negociaciones intensas y posibles cambios en el régimen de patentes.