Las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y Matías Ozorio en Perú, principales sospechosos del triple crimen de Florencio Varela, marcan un avance significativo en la investigación de uno de los casos más conmocionantes del año. Las víctimas, Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, fueron halladas sin vida en una vivienda de la localidad bonaerense, en un hecho que la Justicia calificó como homicidio agravado y que las autoridades provinciales consideran un "narcofemicidio".

El operativo internacional que permitió la captura de los acusados involucró la colaboración de fuerzas de seguridad de Argentina, Perú, Bolivia e Interpol. Según detalló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la organización criminal responsable carecía de una estructura sofisticada y actuó con brutalidad y precariedad. "No tenían recursos ni una red compleja, pero cometieron un crimen de extrema violencia", afirmó Bullrich en conferencia de prensa.

Bullrich solicitó a la provincia de Buenos Aires la aplicación de la recientemente sancionada Ley Antimafias, que permite que todos los integrantes de una organización criminal reciban la misma pena, independientemente de su rol. "La ley contra el crimen organizado hace que todos los que participaron, incluso quienes solo vieron el video del crimen, puedan recibir la máxima pena", explicó la funcionaria. Actualmente, hay al menos nueve detenidos y la investigación continúa abierta, con la posibilidad de nuevas detenciones a partir del análisis de pruebas y celulares incautados.

El gobernador Axel Kicillof, por su parte, insistió en la necesidad de una coordinación federal para combatir el narcotráfico y lamentó la politización del caso. "El narcotráfico es un tema federal que atraviesa todo el territorio. Es absurdo pensar que se puede resolver sin el trabajo conjunto de la Justicia Federal y las Fuerzas Federales", sostuvo Kicillof, quien también expresó su pesar y acompañamiento a las familias de las víctimas.

El caso ha reavivado el debate sobre la eficacia de las leyes de seguridad, la coordinación entre jurisdicciones y la necesidad de políticas integrales para enfrentar el crimen organizado. Mientras se espera la extradición de los detenidos y el avance de la causa judicial, las familias de las víctimas y la sociedad reclaman justicia y respuestas concretas ante la violencia narco.