El Gobierno argentino reglamentó la apertura de tiendas libres de impuestos en los pasos fronterizos terrestres, una medida que busca impulsar el comercio y el turismo en las zonas limítrofes del país. La decisión, formalizada mediante el decreto 438/2026 y publicada en el Boletín Oficial, incorpora una resolución del Mercosur aprobada en 2018, estableciendo un marco común para el funcionamiento de estos comercios en los países miembros del bloque.

Hasta ahora, los free shops solo estaban habilitados en aeropuertos y puertos, con excepciones en Puerto Iguazú y Ushuaia. Con la nueva normativa, podrán instalarse en pasos fronterizos terrestres habilitados, siempre que se cumplan los controles aduaneros correspondientes. El Ministerio de Economía será responsable de otorgar la habilitación comercial, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aprobar el funcionamiento desde el punto de vista aduanero.

Las compras realizadas en estos establecimientos estarán sujetas al régimen de equipaje, lo que significa que los productos adquiridos deberán ser para uso personal y no podrán tener fines comerciales ni industriales. Los límites y franquicias vigentes determinarán cuánto puede comprar cada viajero. Además, existe una lista de productos excluidos, como vehículos, combustibles, alimentos de la canasta básica, armas, tabaco, maquinaria, electrodomésticos de gran porte y materiales de construcción, entre otros.

El Gobierno argumentó que la iniciativa busca fortalecer la competitividad de las ciudades de frontera, promover el desarrollo económico regional y fomentar la generación de empleo formal. "El comercio competitivo constituye un motor para el desarrollo económico", señalaron fuentes oficiales. Asimismo, la medida equipara a la Argentina con otros países del Mercosur, como Brasil, Uruguay y Paraguay, que ya cuentan con sistemas similares.

La reglamentación prevé que ARCA dicte las normas operativas y supervise el cumplimiento de las franquicias y demás requisitos. El Ministerio de Economía y ARCA disponen de un plazo máximo de 30 días para definir la reglamentación operativa que establecerá los requisitos de funcionamiento, controles y procesos de habilitación. Los free shops que ya funcionan bajo regímenes anteriores podrán continuar operando en las condiciones en las que fueron originalmente autorizados.

La medida es vista como un paso hacia la modernización y alineación con prácticas regionales, con el objetivo de dinamizar la economía de las zonas de frontera y facilitar el comercio y el turismo, sin resignar los mecanismos de fiscalización aduanera.