El Tribunal de Impugnación de Cipolletti declaró en rebeldía a Maximiliano Manuel Lagos, uno de los cuatro hombres absueltos en agosto de 2025 por el crimen de Otoño Uriarte, la joven asesinada en 2006. La decisión se tomó luego de que la Justicia no lograra ubicarlo para notificarlo sobre la audiencia de impugnación prevista para el 5 de diciembre, en la que se revisará la absolución de los imputados.

Lagos recuperó la libertad el 8 de agosto tras la revocación de la condena a cadena perpetua, declarando como domicilio una vivienda en la ciudad de Neuquén. Sin embargo, un allegado informó por WhatsApp que el hombre desapareció a los cinco días de salir de prisión y desde entonces no se ha tenido noticias de su paradero. La Fiscalía pidió a la Policía de Neuquén que intentara notificarlo en el domicilio declarado, pero la persona que reside allí aseguró desconocer a Lagos.

La ausencia del imputado impide avanzar con la audiencia clave para la revisión de la sentencia absolutoria. "Más allá de que tenga una sentencia absolutoria, esa sentencia no está firme, estamos en medio de un proceso. Las partes acusadoras hemos interpuesto una impugnación contra esa sentencia y por eso se necesita que esté presente", explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

El caso de Otoño Uriarte ha estado marcado por la controversia en torno a la valoración de pruebas genéticas y odorológicas, así como por la degradación de evidencias con el paso del tiempo. Los jueces que absolvieron a los imputados señalaron contradicciones en los informes periciales y la falta de rigor científico en las pruebas presentadas. La familia de la víctima y organizaciones sociales han manifestado su preocupación y repudio ante la posibilidad de impunidad.

La búsqueda de Lagos continúa en Neuquén y Cipolletti, mientras la sociedad sigue movilizada en reclamo de justicia. La audiencia de impugnación, prevista para el 5 de diciembre, permanece en incertidumbre ante la falta de avances en la localización del imputado. El caso pone en evidencia las dificultades del sistema judicial para garantizar el esclarecimiento de hechos graves y la reparación a las víctimas.