El presidente Javier Milei se encuentra en el centro de la polémica tras la filtración de audios que involucran al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en un presunto esquema de corrupción. En declaraciones públicas y entrevistas radiales, Milei negó rotundamente cualquier irregularidad en el organismo y defendió a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien también fue mencionada en las acusaciones.

Milei calificó las denuncias como "muy tontas" y parte de una operación política destinada a desestabilizar su gobierno. "Si usted se quiere quedar con una caja, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso", expresó, minimizando la veracidad de los audios y sugiriendo que se trata de "chimentos de peluquería" e incluso de inteligencia artificial. El mandatario aseguró que, de haber tenido conocimiento de corrupción, habría actuado de inmediato y que Spagnuolo, como funcionario, tenía la obligación de denunciar cualquier irregularidad.

Por su parte, testigos como Fernando Cerimedo y Agustín Rodríguez confirmaron ante la justicia el contenido de los audios y la existencia de irregularidades en la ANDIS, señalando el presunto papel central de Eduardo Lule Menem y la transferencia de fondos hacia la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi investiga el caso, con la posibilidad de llamar a declarar a funcionarios y revisar contratos entre la agencia y empresas proveedoras.

El escándalo se produce en un contexto de creciente tensión política, con la oposición y sectores mediáticos exigiendo transparencia y judicialización del caso. Milei denunció espionaje ilegal y acusó a periodistas de montar operaciones en su contra, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros miembros del gabinete evitaron referirse directamente a las denuncias.

En medio de la campaña electoral y la proximidad de las elecciones legislativas, el caso ANDIS se suma a los cuestionamientos sobre la gestión de Milei, quien insiste en la honestidad de su gobierno y en la importancia de mantener el equilibrio fiscal. El presidente sostiene que las acusaciones forman parte de una estrategia para debilitar su administración y reafirma su compromiso con la transparencia y la asistencia social. El desenlace judicial y político del caso podría tener implicancias significativas en el escenario electoral y en la percepción pública sobre la gestión oficialista.