En abril de 2026, una investigación internacional liderada por openDemocracy y replicada por medios como Chequeado y Noticias, denunció la existencia de una presunta operación de influencia rusa en medios argentinos. Según los documentos filtrados, una red identificada como “La Compañía” habría financiado la publicación de más de 250 artículos críticos contra el gobierno de Javier Milei entre junio y octubre de 2024, con un presupuesto estimado de US$ 283.000. El informe sugería que estos contenidos buscaban desacreditar al gobierno y que parte de ellos se difundieron en al menos 23 portales digitales del país.

Sin embargo, la investigación no pudo comprobar la autenticidad de los documentos ni verificar si se realizaron pagos a medios o periodistas. En particular, el diario Ámbito fue señalado en el informe, lo que llevó a la cancelación de sus acreditaciones periodísticas en la Casa Rosada y a un fuerte reclamo por parte del medio. Posteriormente, una representante de openDemocracy, Diana Cariboni, aclaró por correo electrónico que “en ningún lugar de nuestro artículo acusamos a Ámbito, ni a ningún otro medio, de haber recibido dinero de Rusia para desinformar o desacreditar al gobierno”. Además, reconoció que la investigación no pudo verificar pagos ni identificar a los destinatarios.

El gobierno argentino utilizó la publicación del informe para endurecer su postura frente a la prensa, restringiendo el acceso de periodistas acreditados y sosteniendo públicamente la hipótesis de una campaña extranjera de desestabilización. Esta situación generó un clima de creciente confrontación institucional y denuncias de ataques a la libertad de expresión. Periodistas y especialistas advirtieron sobre el impacto negativo de estas medidas en la democracia y la importancia de una reacción colectiva del sector, que actualmente se ve dificultada por la fragmentación y precarización laboral.

A pesar de la repercusión política y mediática, no se presentaron pruebas concluyentes de pagos a medios ni de campañas coordinadas de desinformación. El caso se inscribe en un contexto más amplio de denuncias de injerencia extranjera en procesos políticos y mediáticos en Argentina, como el antecedente de Cambridge Analytica, que tampoco arrojó evidencias directas de intervención. La controversia continúa abierta, con investigaciones judiciales en curso y un debate sobre los límites de la libertad de prensa y la responsabilidad de los medios en contextos de alta polarización.