El Juzgado Federal N°1 de Mendoza imputó esta semana a 17 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes de lesa humanidad cometidos contra casi 60 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura militar. La investigación, impulsada por el fiscal federal Dante Vega y sus auxiliares, reconstruye un patrón sistemático de violencia y abuso dirigido específicamente contra las infancias en el contexto de operativos represivos desplegados contra sus padres.

Entre los acusados figuran exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército Argentino y la IV Brigada Aérea. Gran parte de ellos ya fueron juzgados y condenados en otros procesos de lesa humanidad, vinculados a los secuestros, asesinatos o desapariciones de los padres de las actuales víctimas. El expediente detalla que los menores fueron retenidos tras el secuestro de sus progenitores, institucionalizados o trasladados a centros clandestinos de detención, donde sufrieron tormentos físicos y psicológicos, abandono y pérdida de identidad.

La fiscalía clasificó los crímenes en cinco grandes categorías, incluyendo casos extremos como bebés entregados a familiares en condiciones de abandono o utilizados como "cebo" para la captura de adultos perseguidos. También se documentaron delitos cometidos durante operativos represivos, en los que niños y niñas fueron sometidos a encierros, amenazas y violencia directa mientras presenciaban los secuestros de sus padres. El impacto psicológico severo causado en víctimas de muy corta edad fue considerado como tormento por la fiscalía.

El proceso judicial incluye la toma de declaraciones indagatorias, ampliaciones de pericias y la localización de nuevos testigos. Los delitos imputados abarcan privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica. Para los fiscales, estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad y forman parte de un plan sistemático de persecución que también tuvo como víctimas directas a las infancias.

La causa marca un avance significativo en la justicia por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en Argentina. "Creemos que con esta causa podemos abrir una nueva etapa en materia de lesa humanidad", señaló el fiscal Rodríguez Infante. El proceso es visto como un paso clave en la memoria y reparación histórica, mientras causas similares avanzan en otras provincias del país.