El Gobierno nacional dispuso el cierre de los históricos complejos hoteleros de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba, en el marco de la política de "transformación del Estado" impulsada por la administración de Javier Milei. La medida, oficializada en mayo de 2026, afecta a más de 100 trabajadores, quienes fueron despedidos o pasados a disponibilidad, y generó un intenso debate político y social sobre el futuro del turismo social en Argentina.

Según confirmaron delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en Chapadmalal casi 60 empleados, entre planta permanente y contratados, recibieron notificaciones de cese de funciones o pases a disponibilidad. En Embalse, la cifra alcanza a 44 trabajadores. El pase a disponibilidad otorga un plazo de hasta un año para la reubicación dentro de la administración pública; de no concretarse, los empleados serán desvinculados con derecho a indemnización.

La decisión gubernamental incluyó la transferencia de ambos complejos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que evaluará su venta o concesión a inversores privados. "Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en estos pabellones", relató Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE Chapadmalal.

El cierre de los hoteles, emblemáticos por su historia ligada al turismo social desde mediados del siglo XX, motivó la reacción de sindicatos, trabajadores y dirigentes políticos. La senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley para que la provincia de Buenos Aires recupere la administración de Chapadmalal y garantice su uso para el turismo social. "Detrás de Chapadmalal no hay solamente hoteles. Hay recuerdos familiares, primeras vacaciones y chicos viendo el mar por primera vez", expresó Raverta.

Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que la medida responde a la necesidad de optimizar recursos y modernizar la gestión estatal. Sin embargo, los gremios advierten sobre el impacto social y laboral, y denuncian el "fin del turismo social". El futuro de los complejos, declarados Monumento Histórico Nacional, queda ahora en manos de la AABE, mientras continúan las acciones judiciales y legislativas para frenar su privatización.