El avance de un proyecto de ley para regular las importaciones de ropa de plataformas chinas como Shein y Temu genera un intenso debate en Argentina. Impulsada por la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) junto a sus pares de Brasil y México, la iniciativa busca replicar la normativa francesa que impone controles ambientales, sanitarios y fiscales a la moda ultrabarata, con el objetivo de proteger la industria local y los empleos.

Según datos de la CIAI y la Fundación ProTejer, el sector textil argentino enfrenta una crisis profunda: se pierden alrededor de 1.500 puestos de trabajo por mes y ocho de cada diez empresas sufrieron una caída promedio del 30% en su facturación en los últimos dos años. El proyecto propone que las prendas importadas sean sometidas a verificación por la ANMAT para certificar la ausencia de sustancias tóxicas y prácticas contaminantes, además de quedar sujetas a aranceles e impuestos internos como IVA e Ingresos Brutos.

El modelo francés, que inspira la propuesta, incluye un impuesto ecológico progresivo de cinco euros por prenda, prohibición de publicidad y la obligación de informar el impacto ambiental en las etiquetas. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, acusó a China de inundar los mercados internacionales con un exceso de capacidad subsidiada, mientras el Parlamento Europeo analiza aplicar aranceles a las compras en plataformas de bajo costo.

En el Congreso argentino, la iniciativa suma respaldo de distintos bloques, con legisladores como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Martín Lousteau manifestando su interés en avanzar con una regulación que proteja la industria nacional. "El fenómeno chino es una máquina que destruye todo", advirtió Pichetto. Sin embargo, el Gobierno nacional rechaza la propuesta. El diputado José Luis Espert calificó de "empresaurios impresentables" a quienes impulsan la ley y defendió la competencia y los precios bajos para los consumidores. El vocero Manuel Adorni argumentó que la diferencia de precios entre la producción local y las plataformas chinas justifica la resistencia empresarial.

El debate se da en un contexto de apertura comercial, con reducción de aranceles y flexibilización de controles, lo que incentiva la compra de productos extranjeros. Empresarios y cámaras textiles advierten sobre la destrucción de empleo y la competencia desleal, mientras los consumidores valoran el acceso a productos más económicos. El fenómeno de la ultra fast fashion también genera preocupación ambiental: la industria textil representa el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y el 20% de la contaminación industrial del agua. El 76% de las prendas de Shein y Temu se confecciona con poliéster, liberando microplásticos en cada lavado.

El futuro de la ley "Anti-Shein" dependerá del consenso político y de la capacidad de equilibrar los intereses de la industria nacional, los consumidores y el impacto ambiental, en línea con las tendencias regulatorias internacionales.