La Justicia de Tucumán resolvió mantener la prisión preventiva de Justina Gordillo, imputada por encubrimiento agravado en el marco de la investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez. El juez Bernardo L’Elario Babot rechazó el pedido de la defensa, que solicitaba la libertad o el arresto domiciliario de la acusada, argumentando que los riesgos procesales persisten y que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial y dinámica.

Durante la audiencia, la defensa de Gordillo sostuvo que la prisión preventiva era desproporcionada y que no existían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella se opusieron firmemente, presentando nuevas pruebas que, según afirmaron, agravan la situación procesal de la imputada. Entre los elementos destacados se encuentran registros de llamadas y chats entre Gordillo y Felipe “El Militar” Sosa, principal acusado del homicidio, que contradicen declaraciones previas de la imputada.

El juez Babot fundamentó su decisión en la gravedad del hecho, la etapa incipiente de la investigación y la necesidad de cautelar el proceso. “La investigación fiscal aún se encuentra en una etapa inicial y dinámica, con múltiples medios probatorios en curso”, señaló el magistrado, quien también remarcó que los riesgos procesales que motivaron la prisión preventiva no han desaparecido.

La familia de Érika Álvarez y la comunidad tucumana siguen de cerca el desarrollo del caso, exigiendo justicia y penas ejemplares. Por su parte, la defensa de Gordillo adelantó que apelará la decisión y denunció las condiciones de detención de otros imputados, como Sosa, quien permanece aislado en el penal de Benjamín Paz.

El caso, que conmocionó a Tucumán por la brutalidad del crimen y el vínculo entre las partes, podría ser elevado a juicio oral en el corto plazo. Mientras tanto, la investigación continúa y la presión social mantiene el foco sobre el accionar de la Justicia provincial.