La Justicia federal avanza en la investigación por presunta corrupción en la obra social OSPRERA, vinculando a figuras cercanas al oficialismo libertario. El juez Sebastián Casanello ordenó la declaración indagatoria de Sergio Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de los exinterventores de la obra social, Virginia Montero y Marcelo Petroni, por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

Según la investigación, al menos 262 millones de pesos fueron desviados desde OSPRERA hacia la empresa HTech Innovation, cuyo principal accionista es Aguirre. La empresa fue contratada y renovada rápidamente por los interventores, a pesar de no contar con empleados registrados ni una sede clara. El fiscal Guillermo Marijuán sostiene que Eduardo "Lule" Menem, primo de Martín Menem y funcionario de la Secretaría General de la Presidencia, tuvo un rol clave en la designación de los interventores y en la coordinación de los contratos investigados.

Chats y registros oficiales muestran reuniones entre los interventores, Aguirre y los Menem en la Casa Rosada y otros despachos oficiales. Tras recibir los pagos, Aguirre realizó inversiones y compras de vehículos de alta gama, lo que motivó el embargo de 920 millones de pesos sobre los bienes de los imputados.

Aunque ningún miembro de la familia Menem está imputado formalmente, la fiscalía destaca su influencia en las decisiones bajo investigación. Los Menem han negado cualquier irregularidad y afirman ser víctimas de operaciones políticas derivadas de internas en el gobierno.

El caso OSPRERA es la causa de corrupción más avanzada contra el oficialismo libertario, superando en medidas judiciales a otras investigaciones recientes. La empresa HTech Innovation fue creada poco antes de los contratos y solo facturó a OSPRERA, lo que refuerza las sospechas de irregularidades. La investigación continúa y se espera que las próximas declaraciones indagatorias aporten mayor claridad sobre el alcance de las responsabilidades y el impacto político del caso.