El Gobierno nacional evalúa una profunda reforma electoral que podría reinstaurar el sistema de listas colectoras y suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cara a los comicios de 2027. La iniciativa, aún en etapa de discusión, ha generado intensos debates entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.

La propuesta permitiría que un candidato presidencial, como Javier Milei, sea acompañado por más de una lista de diputados nacionales, facilitando acuerdos con gobernadores provinciales sin obligarlos a compartir candidatos legislativos con La Libertad Avanza. Esta alternativa, que requiere modificar la normativa vigente, busca ofrecer mayor flexibilidad a los mandatarios provinciales para impulsar listas propias en sus distritos, sin romper alianzas nacionales.

Sin embargo, la medida enfrenta resistencias. Desde la oposición, legisladores como el radical Pablo Juliano denunciaron que se trata de una maniobra para "someter y encolumnar toda disidencia" y criticaron el posible regreso de prácticas electorales eliminadas en 2019. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, también expresó su rechazo a la eliminación de las PASO, advirtiendo que su bloque no apoyará la iniciativa.

En el oficialismo, algunos funcionarios cercanos a Karina Milei impulsan la reforma, aunque reconocen que aún no existe un proyecto definitivo y que todo está sujeto a negociación. Los gobernadores aliados, como Ignacio Torres de Chubut, ven con interés la posibilidad de presentar listas propias, pero insisten en la necesidad de discutir el tema en el ámbito partidario nacional.

La discusión se produce en un contexto de negociaciones individuales entre la Casa Rosada y los gobernadores, sin un bloque cohesionado de mandatarios. El Ejecutivo sostiene que la reforma busca reducir el costo económico de las elecciones y simplificar el proceso, mientras que la oposición teme que complique la resolución de internas y beneficie al oficialismo.

La eventual aprobación de la reforma requeriría mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, un desafío adicional dada la diversidad de posturas entre los legisladores. Por ahora, el debate sigue abierto y sin definiciones concretas, mientras el Gobierno continúa afinando el borrador del proyecto y dialogando con los actores clave del escenario político nacional.