El caso del femicidio de Érika Álvarez en Tucumán ha dado un giro significativo tras la detención de dos nuevos sospechosos, Nicolás Augusto Navarro Flores y Jorge “Chicho” Díaz, quienes fueron arrestados en operativos realizados por la Policía de Tucumán y el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales. Con estas detenciones, ya son cuatro las personas privadas de la libertad en el marco de la investigación, incluyendo a Felipe Sosa, principal acusado, y Justina Gordillo, expareja de Sosa, imputada por encubrimiento agravado.

Según la hipótesis fiscal, Érika Álvarez fue asesinada entre la madrugada del 7 y la mañana del 8 de enero de 2026 en Yerba Buena, mediante violencia física extrema. El cuerpo fue hallado en un basural de Manantial Sur, envuelto en bolsas de consorcio y atado con sogas, lo que evidenció un intento de ocultamiento. La autopsia determinó que la causa de muerte fue traumatismo de cráneo facial y múltiples hematomas, compatibles con una agresión brutal.

Felipe Sosa, exmilitar con antecedentes en las Fuerzas Armadas y la Legión Extranjera, fue capturado tras estar prófugo en Pilar, Buenos Aires. A pesar de haber sido vinculado previamente a causas por narcotráfico y violencia de género, la Justicia federal y provincial no avanzó en su contra, permitiendo que permaneciera en libertad. Diversos informes periodísticos y testimonios familiares señalan que Sosa habría gozado de una protección de facto, facilitada por demoras judiciales y posibles conflictos de interés entre funcionarios y abogados relacionados con su entorno.

Durante los allanamientos recientes, la policía secuestró celulares, material informático y vehículos que serán peritados. Uno de los detenidos intentó huir, pero fue capturado tras una persecución en el centro de San Miguel de Tucumán. Las autoridades aseguran que la investigación continúa y que se busca esclarecer todas las responsabilidades en el caso.

El caso ha generado fuerte repercusión pública y críticas hacia el accionar judicial, especialmente por la falta de avances en causas previas contra Sosa y la reiterada utilización de la ausencia de antecedentes penales como argumento para mejorar sus condiciones de detención. Familiares de la víctima y sectores de la prensa local insisten en que la tragedia pudo haberse evitado si la Justicia hubiera actuado con mayor firmeza ante las denuncias previas.

Mientras tanto, la sociedad tucumana sigue de cerca el desarrollo de la causa, exigiendo respuestas y justicia para Érika Álvarez, en un contexto marcado por la desconfianza hacia las instituciones y la preocupación por la posible existencia de redes de protección dentro del sistema judicial.