La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha entrado en una etapa crucial esta semana. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita interrogan a las cuatro mujeres que, según la versión oficial, financiaron las recientes adquisiciones inmobiliarias del funcionario. El objetivo es determinar si los préstamos declarados por Adorni, que superan los 300.000 dólares, son genuinos o si encubren maniobras de blanqueo de fondos.

Las primeras en declarar fueron Graciela Molina, comisario retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio, quienes habrían prestado 100.000 dólares a Adorni, garantizados con una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco. Según la documentación, la devolución se pactó en 24 cuotas mensuales con un interés anual del 11%. La fiscalía solicitó informes patrimoniales y fiscales para verificar si ambas contaban con la capacidad económica necesaria para otorgar ese préstamo.

El foco de la investigación se trasladó luego a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, jubiladas que vendieron a Adorni un departamento en Caballito. La operación, considerada "fuera de mercado" por los investigadores, se realizó con un pago inicial de 30.000 dólares y una deuda de 200.000 dólares a saldar en noviembre, sin intereses. Las vendedoras han declarado no tener vínculo previo con el funcionario, lo que ha motivado el peritaje de sus teléfonos celulares para rastrear posibles intermediarios o negociaciones no declaradas.

La escribana Adriana Nechevenko, responsable de certificar ambas operaciones, también declaró como testigo y entregó documentación adicional. Nechevenko explicó que su función es dar fe de las transacciones y que conoce a Adorni desde hace más de dos décadas, aunque aclaró que no son amigos.

Paralelamente, la Justicia investiga un viaje familiar de Adorni a Punta del Este, presuntamente financiado por un empresario que obtuvo contratos con la TV Pública, área bajo control del jefe de Gabinete. Si las testigos no logran justificar la procedencia de los fondos o incurren en contradicciones, la situación procesal de Adorni podría agravarse.

El caso, originado por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, ha generado un intenso debate público sobre la transparencia y el control patrimonial de los funcionarios. La resolución de la causa podría tener implicancias significativas para la gestión actual y futuras investigaciones sobre el financiamiento de la política en Argentina.