Un grave episodio de vandalismo rural sacudió a la localidad de Villa Cañás, en el sur de Santa Fe, donde desconocidos destruyeron 12 silobolsas con más de 2.100 toneladas de granos en el establecimiento "Los Ángeles", propiedad de la familia Díaz. El hecho, ocurrido entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de mayo, fue denunciado ante la policía y la fiscalía local, que investigan el caso sin que hasta el momento se hayan identificado sospechosos ni realizado detenciones.

Según relataron María Elba Díaz de Garrigou, presidenta de la firma, y Adriana Luján Giordano, administradora del campo, los atacantes ingresaron a pie y cortaron los silobolsas con cuchillos, provocando el derrame de los granos sobre el suelo. "Han roto todos los bolsones que teníamos en el campo, con una intención de daño brutal", expresó Díaz de Garrigou, quien además señaló que no se registró robo de mercadería ni daños en los alambrados o tranqueras.

La destrucción afectó principalmente a 1.400 toneladas de maíz, reserva anual para la alimentación de 330 vacas lecheras, así como semillas de trigo y soja destinadas a la próxima campaña. El impacto económico es millonario, no solo por la pérdida de los granos sino también por los costos logísticos para intentar recuperar parte del material afectado. "El costo de contratar las máquinas de rescate es millonario, y a eso hay que sumarle el valor de reponer cada uno de los bolsones rotos", explicó Giordano.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 6ª de Villa Cañás y la investigación quedó a cargo del fiscal Luis Lagioia, de la Fiscalía de Venado Tuerto. Hasta el momento, la policía y la fuerza de seguridad rural "Los Pumas" reforzaron la vigilancia en la zona, pero no se informaron avances significativos en la identificación de los responsables.

El hecho reavivó la preocupación del sector agropecuario por la inseguridad rural y la falta de respuestas efectivas. "¿Hasta cuándo vamos a seguir con este tema? Acá el problema tiene que ver con la decisión política", reclamó Díaz de Garrigou, mientras que Giordano consideró el ataque como un hecho aislado en sus diez años al frente del campo, aunque reconoció el fuerte impacto en la estructura productiva y financiera de la empresa.

Este episodio se suma a una serie de ataques similares en la región, generando alarma entre los productores y renovando el debate sobre la necesidad de políticas más firmes para combatir la inseguridad en el ámbito rural.