El sector pesquero argentino atraviesa una de sus crisis más graves en años, tras el intento de la empresa Conarpesa de imponer acuerdos individuales a la baja a los marineros, fuera del convenio colectivo vigente. La maniobra, que incluyó la presencia de una escribana a bordo de los barcos para presionar a los trabajadores, fue rechazada de manera unánime por la tripulación, según confirmaron fuentes sindicales y empresariales.

El conflicto escaló cuando varios marineros que estaban dispuestos a firmar los acuerdos recibieron amenazas de muerte, acompañadas de imágenes de armas, lo que motivó la intervención de la justicia y la policía en Puerto Madryn. "Amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite", expresó el secretario de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche, quien confirmó que la denuncia penal está en curso y que ya se realizaron allanamientos para identificar a los responsables.

Las cámaras empresarias CAPIP, CAPeCA y CEPA anunciaron la suspensión de todas las salidas de buques congeladores tangoneros, argumentando que la seguridad de los trabajadores y sus familias está en riesgo. "La familia siempre está primero. Cuando se la amenaza, se toca la fibra más íntima de cada persona, vulnerando límites que no podemos ni debemos tolerar. Nos toca decir basta", señalaron en un comunicado.

El conflicto, que lleva ya diez meses, mantiene paralizada a la flota congeladora y afecta a más de 46.000 empleos directos, con pérdidas estimadas en USD 200 millones. Las empresas sostienen que el convenio colectivo vigente es inviable debido a la caída del precio internacional del langostino, que pasó de USD 12 a menos de USD 6 por kilo desde 2005. Por su parte, los sindicatos SOMU y SIMAPE insisten en que solo los acuerdos colectivos son legales y acusan a las empresas de intentar "romper la paz social" y de realizar un "lock out" patronal.

La falta de actividad pesquera impacta en toda la cadena productiva, desde las plantas de procesamiento hasta el comercio local en ciudades portuarias como Puerto Madryn, donde la caída del consumo es notoria. El futuro de la temporada de langostino es incierto y, según fuentes del sector, podría no realizarse, profundizando la crisis económica y social en la región. La intervención estatal es reclamada por todos los actores para evitar una mayor fractura en el sector y restablecer el diálogo institucional.