El juicio por corrupción y narcotráfico en el penal Villa Las Rosas, ubicado en la ciudad de Salta, expone una compleja red delictiva que involucra a funcionarios penitenciarios, internos y familiares. Durante las audiencias, directivos del Servicio Penitenciario reconocieron la existencia de beneficios ilegales otorgados a reclusos, como salidas transitorias, traslados de pabellón, informes correccionales favorables y visitas sin requisa. Además, se detectó el ingreso de drogas, celulares y otros objetos prohibidos, facilitado tanto por personal como por visitas.

Enrique Torres, actual director general del Servicio Penitenciario, y la exdirectora Carina Torres, brindaron testimonios clave ante el tribunal. Ambos confirmaron que las irregularidades fueron advertidas por el área de inteligencia y que, debido a la gravedad del caso y la permanencia de los implicados en sus cargos, se decidió derivar la investigación a la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal. "La situación era de una gravedad inusitada y requería intervención externa", afirmó Torres.

La investigación reveló una trazabilidad financiera que incluyó más de 113 cuentas bancarias vinculadas a 17 imputados, utilizadas para transferencias de dinero entre internos, familiares y funcionarios. El comisario Juan Pablo Sánchez, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, detalló que los pagos ilegales permitían a los internos acceder a privilegios y mejoras en sus condiciones de detención. "Todo era un negociado en el interior del penal", subrayó Sánchez.

Entre los acusados figuran Francisco Bisceglia, jefe de pabellón, y otros funcionarios penitenciarios, señalados como responsables de facilitar el ingreso de elementos prohibidos y de negociar beneficios a cambio de sobornos. En diciembre de 2023, durante un allanamiento, se encontraron "puntas carcelarias" y cargadores en la oficina de un jefe de pabellón, lo que fue considerado una grave irregularidad por los investigadores.

El interno Manuel Méndez y su madre, María Inés Méndez, fueron identificados como parte de la estructura de provisión y venta de drogas dentro del penal. La investigación se apoyó en escuchas telefónicas, análisis de redes sociales y videos que muestran el ingreso de objetos sin inspección adecuada.

La exdirectora Carina Torres denunció haber sufrido represalias internas tras iniciar la causa que derivó en la imputación de ocho funcionarios por exacciones ilegales agravadas y asociación ilícita. "Todo esto me perjudicó", manifestó ante el tribunal.

El juicio continúa en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial, con la expectativa de nuevas declaraciones y la exhibición de pruebas audiovisuales. El caso pone en evidencia las vulnerabilidades estructurales del sistema penitenciario salteño y la necesidad de reformas profundas para garantizar la transparencia y seguridad en las cárceles provinciales.