El Congreso de la Nación Argentina aprobó recientemente una reforma a la Ley de Glaciares, una decisión que ha generado una fuerte controversia en el país. La modificación, impulsada por el gobierno de Javier Milei, permite que las provincias determinen en qué zonas periglaciales se podrán habilitar actividades mineras, flexibilizando así la protección que la ley original de 2010 otorgaba a estos ambientes considerados estratégicos para el acceso al agua.

La sanción definitiva de la reforma se logró con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados, tras un extenso debate que incluyó audiencias públicas con más de 100 mil inscriptos. El oficialismo defendió la medida como clave para atraer inversiones extranjeras, estimadas en hasta 40.000 millones de dólares, y para impulsar el desarrollo económico en regiones mineras. "La ley ha paralizado la inversión productiva y la explotación minera", argumentó el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, aunque datos oficiales muestran que las exportaciones mineras crecieron en los últimos años.

Sin embargo, la reforma fue recibida con fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, expertos y sectores de la sociedad civil. Cerca de 800.000 ciudadanos ya se han adherido a una demanda colectiva que será presentada en tribunales federales, mientras que la provincia de La Pampa inició el primer amparo judicial contra la reforma. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó: "Esta causa es crucial: es el agua de los argentinos". Las organizaciones sostienen que la reforma es inconstitucional y contradice tratados internacionales ratificados por Argentina.

El debate se enmarca en un contexto de creciente presión internacional por recursos como el cobre y en la desigual distribución del agua en el país, donde el 70% del territorio es árido. Expertos advierten que delegar la protección de glaciares a las provincias podría generar desigualdad y conflictos entre jurisdicciones. Además, recuerdan que la Corte Suprema ratificó en 2019 la constitucionalidad de la ley original, priorizando el acceso al agua como derecho colectivo.

Mientras el gobierno y las empresas mineras destacan el potencial económico de la reforma, ambientalistas y ciudadanos alertan sobre los riesgos para el ambiente y el acceso al agua. El proceso judicial iniciado podría extenderse durante años y, según los impulsores de la demanda, incluso llegar a instancias internacionales. El debate sobre el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental sigue abierto y moviliza a amplios sectores de la sociedad argentina.