A dos años de la muerte de Agustina Casco, la investigación judicial sobre su fallecimiento durante un entrenamiento en la Escuela de Policía Juan Vucetich sigue sin avances significativos. Casco, de 21 años, murió el 23 de noviembre de 2023 tras sufrir una hemorragia interna provocada por un golpe durante una práctica de esposamiento. La joven, que aspiraba a pasar de suboficial a oficial, fue empujada durante el ejercicio, cayó y se descompensó. Aunque se recuperó momentáneamente, dos días después se desmayó en el comedor de la escuela y no fue trasladada al cuerpo médico, a pesar de la insistencia de sus compañeras.

La familia de Casco denunció que la atención médica fue insuficiente y que hubo negligencia por parte de las autoridades de la institución. Tras varios episodios de descompensación, la joven fue llevada a un hospital, donde los médicos detectaron una grave hemorragia abdominal. Fue derivada a una clínica en Merlo, donde falleció tras ser operada. La autopsia inicial, realizada por peritos de la Policía Federal, determinó que la causa de muerte fue un paro cardíaco no traumático por shock hipovolémico, pero la familia cuestionó la intervención de esa fuerza y logró una segunda autopsia, cuyos resultados no modificaron sustancialmente la hipótesis oficial.

El expediente judicial ha pasado por cuatro fiscalías y actualmente está a cargo del fiscal Cristian Granados, de la UFI N°2 de Berazategui. Sin embargo, la causa permanece en etapa de testimoniales y no hay imputados ni detenidos. El abogado de la familia, Rodrigo Tripolone, denunció que el expediente "se dilató de manera deliberada" y que existen contradicciones en los testimonios y falta de compromiso institucional. "Buscaron dilatar la causa, que pasara el tiempo para que se perdieran medidas", afirmó Tripolone.

La familia de Agustina Casco continúa reclamando justicia y transparencia en la investigación, mientras el caso se convierte en un símbolo de las dificultades para esclarecer muertes bajo custodia policial en Argentina. El reclamo persiste: que el expediente avance, que se investigue sin presiones y que se reconozca lo que consideran evidente. Las autoridades judiciales aseguran que buscan esclarecer responsabilidades, pero la desconfianza de la familia y la falta de avances concretos mantienen el caso en el centro del debate público.