Jorge Antonio Bergés, el médico policial condenado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura argentina, falleció a los 83 años en una clínica de Quilmes, donde cumplía prisión domiciliaria. Su muerte, confirmada por organismos de derechos humanos, cierra un capítulo marcado por el horror de los centros clandestinos de detención y la apropiación sistemática de bebés.

Bergés fue una figura central en la maquinaria represiva del régimen militar entre 1976 y 1983. Como oficial médico de la Policía Bonaerense, actuó bajo las órdenes de Miguel Etchecolatz y Ramón Camps, participando en torturas y asistiendo partos de mujeres secuestradas. Sobre él pesaban múltiples condenas, incluida una a cadena perpetua por su rol en la causa conocida como "Las Brigadas" y otra por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en cautiverio.

A pesar de los reiterados pedidos de justicia, Bergés nunca colaboró para revelar el paradero de los bebés apropiados, un reclamo que persiste desde hace casi medio siglo. Organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo y H.I.J.O.S. lamentaron que el ex médico muriera sin romper el pacto de silencio que aún cubre muchos de los crímenes cometidos durante la dictadura. "Su familia pudo despedirlo. Acá seguimos sin saber dónde están nuestros familiares desaparecidos y nuestras hermanas y hermanos apropiados", expresaron desde H.I.J.O.S.

El testimonio de sobrevivientes, como Adriana Calvo, fue clave para su condena. Calvo relató en el Juicio a las Juntas cómo Bergés la obligó a limpiar los restos de su parto en condiciones inhumanas tras dar a luz en cautiverio. Al momento de su muerte, Bergés enfrentaba un nuevo juicio por el secuestro y torturas sufridas por Jorge Julio López en la Comisaría 5ª de La Plata.

La apropiación de bebés fue una práctica sistemática durante la dictadura, y Abuelas de Plaza de Mayo estima que aún faltan identificar unos 300 nietos. La muerte de Bergés deja sin respuesta muchas preguntas sobre el destino de esos niños y el funcionamiento de las redes de apropiación y tráfico de menores. La sociedad argentina continúa exigiendo memoria, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado.