La reciente difusión de un video falso generado con inteligencia artificial (IA) por el diputado nacional Rodrigo de Loredo, en el que se imitaba la voz y la imagen del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ha provocado una fuerte controversia política en la provincia y a nivel nacional. El video, que fue publicado en redes sociales y etiquetado como realizado con IA, fue considerado por amplios sectores políticos como una maniobra engañosa y de gravedad institucional.

El senador Luis Juez, aliado político de De Loredo, no dudó en calificar la acción como un "error" y una "pelotudez marca cañón", instando a su colega a pedir disculpas públicas. "No me van a ver a mí recurrir a una mentira para criticar a Llaryora", afirmó Juez, quien advirtió sobre los riesgos de abrir la puerta a este tipo de prácticas en la política argentina. Por su parte, el gobernador Llaryora y funcionarios de su gobierno exigieron la baja inmediata del video y consideraron el hecho como una "injuria de enorme gravedad institucional y política".

La polémica escaló rápidamente al Congreso Nacional, donde el diputado Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley para inhabilitar como candidatos a quienes participen en la creación, difusión o financiamiento de contenidos falsos mediante IA con fines electorales. La iniciativa prevé sanciones ejemplares, incluyendo la inhabilitación de listas completas y procedimientos sumarísimos para determinar responsabilidades durante las campañas.

En paralelo, en la Legislatura de Córdoba se discute un proyecto para regular el uso de IA en el ámbito público y privado, con el objetivo de proteger derechos fundamentales y la integridad democrática. El debate sobre la regulación de la IA en la política argentina se intensifica, impulsado por antecedentes recientes de deepfakes en campañas y la preocupación por la desinformación digital.

Mientras tanto, De Loredo defendió su accionar como una sátira política y se negó a bajar el video salvo que el gobernador reduzca los impuestos, lo que profundizó la controversia. El caso ha puesto en evidencia la urgencia de establecer reglas claras sobre el uso de nuevas tecnologías en la comunicación política y la necesidad de preservar la transparencia y la confianza en los procesos electorales.