Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue detenido el pasado 8 de junio en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, durante un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad de la Nación. La detención se produjo tras una investigación impulsada por la Fiscalía Federal de Bariloche, que lo acusa de asociación ilícita, apología del crimen e incitación a la violencia colectiva, a raíz de declaraciones públicas realizadas en febrero de este año durante la presentación de su libro en Bariloche.

Según fuentes judiciales, Jones Huala fue identificado y seguido por efectivos policiales tras participar en un evento cultural mapuche. Posteriormente, fue arrestado en la terminal de ómnibus de El Bolsón y trasladado a la prisión federal de máxima seguridad U6 de Rawson, donde permanecerá en prisión preventiva por al menos 90 días, mientras la Fiscalía dispone de 180 días para concluir la investigación. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la acción afirmando: “La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”.

La defensa de Jones Huala, representada por la Gremial de Abogados y Abogadas, denunció irregularidades en el procedimiento, señalando que la detención se realizó sin orden judicial y que hubo tareas de inteligencia no autorizadas. Además, sostienen que el proceso vulnera garantías constitucionales y que la comunicación con el detenido ha sido limitada. “Fueron pisoteadas las más elementales garantías individuales”, afirmaron los abogados, quienes también criticaron la presión ejercida sobre el juez para convalidar la detención.

El caso ha generado reacciones encontradas. Mientras el gobierno nacional justifica la medida como parte de la lucha contra la violencia en la Patagonia, organizaciones mapuche y de derechos humanos denuncian una criminalización de la protesta indígena y exigen la liberación de Jones Huala. El proceso se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el Estado y comunidades originarias, con antecedentes de conflictos territoriales y denuncias de represión. El desenlace de la causa podría tener implicancias significativas para la relación entre el Estado argentino y los pueblos originarios en la región.