El hallazgo del cuerpo de Milagros Micaela Basto, una joven de 22 años desaparecida desde agosto de 2024, en el placard de un departamento céntrico de Córdoba, ha generado conmoción y renovado el debate sobre la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad. El principal sospechoso es Horacio Grasso, expolicía con un extenso prontuario, quien cumplía prisión domiciliaria en el lugar y fue trasladado recientemente al penal de Bouwer por reiteradas violaciones a ese régimen.

El descubrimiento se produjo el 5 de julio de 2025, cuando albañiles que realizaban reformas en el departamento encontraron el cuerpo envuelto en mantas, atado y cubierto con cal, en avanzado estado de descomposición. La identificación se logró mediante cotejo genético con el hijo de la víctima, un niño de seis años. La investigación, a cargo del fiscal José Bringas, apunta a un posible femicidio agravado por violencia de género, mientras que el hermano de Grasso, Javier, fue imputado por encubrimiento.

Milagros Basto vivía en situación de vulnerabilidad, marcada por el consumo problemático y la exclusión social. Su familia, que denunció la desaparición en noviembre de 2024, realizó búsquedas intensivas y campañas en redes sociales. "Nunca nos imaginamos este final. Buscamos por todos lados, pensábamos que la íbamos a encontrar y ayudar", relató una de sus primas. La madre del corazón de Milagros, Mauricia Flores, expresó: "Ella era muy amorosa conmigo. Tengo la paz de que hice hasta donde yo pude".

El caso de Milagros se suma a otros femicidios recientes en Córdoba, evidenciando un patrón de violencia letal contra mujeres jóvenes en contextos de exclusión y consumo. El abogado Carlos Nayi, querellante en una causa previa contra Grasso por presunto abuso sexual, sostuvo: "Si se hubiera actuado a tiempo, hoy no estaríamos lamentando la muerte de esta joven". La familia y el entorno de Milagros exigen justicia y cuestionan la falta de control sobre el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a Grasso, quien acumulaba antecedentes por homicidio, robos y abuso sexual.

La investigación continúa para determinar la causa y circunstancias exactas de la muerte, mientras la sociedad cordobesa reclama respuestas y mayor protección para las mujeres en situación de vulnerabilidad.