Una presunta megaestafa inmobiliaria ha conmocionado a Buenos Aires, dejando a más de 300 personas afectadas y pérdidas estimadas en más de 20 millones de dólares. La empresa Induplack Fiduciaria y sus representantes, incluidos varios miembros de la familia L’Abbate, están en el centro de una investigación judicial que revela un esquema de fraude masivo.

Según la fiscal Mónica Cuñarro, los acusados operaban bajo la apariencia de fideicomisos inmobiliarios legales, ofreciendo proyectos de construcción que nunca se completaban o que ni siquiera comenzaban. "Captaron fondos sin autorización del Banco Central, lavaron activos a través de sociedades pantalla y simularon operaciones jurídicas", explicó la fiscal. Los compradores, en su mayoría trabajadores, jubilados y pequeños inversores, firmaban contratos de preventa y pagaban cuotas para financiar las obras, confiando en las promesas de entrega de la empresa.

La jueza Paula González, a cargo del caso, ha procesado con prisión preventiva a cinco personas, incluyendo a Vito Antonio L’Abbate y sus hijos, quienes lideraban la empresa. Además, se ha ordenado la incautación de 905 millones de pesos y la inhibición general de bienes de los acusados. La investigación también ha identificado un entramado de 23 sociedades utilizadas para desviar fondos y evadir responsabilidades legales.

Entre los proyectos involucrados se encuentran al menos 13 desarrollos en Buenos Aires, muchos de los cuales quedaron inconclusos o eran completamente ficticios. Las redes sociales han sido un canal clave para las denuncias, con perfiles como "Estafados por Induplack" donde las víctimas comparten sus historias y exigen justicia.

El caso ha generado un debate sobre la falta de regulación en el mercado inmobiliario y la necesidad de mayores controles para proteger a los consumidores. "Esto fue una recontra mega estafa, muy cerca de lo que hizo Leonardo Cositorto", señaló el abogado Juan Pablo Chiesa, una de las víctimas.

La fiscalía continúa investigando, y no se descartan nuevas detenciones y embargos. Mientras tanto, las víctimas esperan que se haga justicia y que se implementen medidas para evitar que fraudes de esta magnitud vuelvan a ocurrir.