El clan L’Abbate, conocido en los tribunales porteños como “Los Cositorto de los departamentos”, enfrenta una de las causas judiciales más resonantes del mercado inmobiliario reciente. La familia, encabezada por Vito Antonio L’Abbate y sus hijos, junto a su apoderado Patricio Gastón Flores, permanece bajo prisión preventiva tras ser acusados de asociación ilícita y estafa por la fiscal Mónica Cuñarro. La Justicia amplió su procesamiento y decretó la quiebra de Induplack Fiduciaria, la empresa a través de la cual operaban.

Desde 2012, Induplack ofrecía atractivas propuestas de obras de pozo con cuotas pesificadas en distintos barrios de Buenos Aires, lo que atrajo a numerosos pequeños inversores. Sin embargo, con el tiempo, la empresa dejó de entregar los departamentos prometidos y acumuló deudas millonarias. Según la investigación, Induplack Fiduciaria registra cheques sin fondo por 114 millones de pesos y enfrenta más de 80 denuncias por estafa.

En abril, la jueza Paula González dictó el procesamiento de los L’Abbate y Flores, con un embargo de 905 millones de pesos. La semana pasada, la magistrada amplió el procesamiento a raíz de nuevas denuncias, elevando el número de víctimas a más de 80 y manteniendo la prisión preventiva de los acusados. Además, se ordenó la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para Vito L’Abbate, quien permanece detenido.

Durante su descargo, Vito y Emanuel L’Abbate intentaron justificar la proliferación de empresas tras un default de 14 millones de dólares en 2018, asegurando que su objetivo era continuar con la construcción y evitar el concurso preventivo. Sin embargo, la Justicia consideró que el esquema operado por el clan constituyó una de las mayores estafas inmobiliarias de la ciudad en los últimos años.

El caso ha generado fuerte repercusión entre los damnificados, quienes han realizado escraches y reclamos públicos. Mientras tanto, la quiebra de Induplack Fiduciaria fue decretada por el Juzgado Comercial N°26, y los bienes de los acusados quedarán bajo control de un síndico. El proceso judicial continúa, con la expectativa de que se esclarezcan las responsabilidades y se resarza a las víctimas.