La Justicia de Jujuy amplió la imputación contra Matías Jurado, señalado como presunto asesino serial, tras la confirmación de ADN de tres víctimas en su vivienda del barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy. Jurado enfrenta cargos por homicidio agravado por ensañamiento en los casos de Jorge Anachuri y Sergio Sosa, y permanece detenido en la cárcel de Gorriti mientras se investiga su posible vinculación con la desaparición de al menos tres personas más.

El fiscal Guillermo Beller y el procurador general Sergio Lello Sánchez lideran la investigación, que se apoya en el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. En la casa del acusado se recolectaron más de cien muestras, incluyendo restos orgánicos y fragmentos óseos, que permitieron identificar a dos víctimas y confirmar la presencia de un tercer ADN aún sin identificar. "Por ahora lo llamamos homicida múltiple, ya que no tenemos elementos suficientes para calificarlo como serial, pero claramente hay al menos tres víctimas", explicó Sánchez.

Según la hipótesis judicial, Jurado captaba a personas en situación de vulnerabilidad, generaba confianza y las llevaba a su domicilio, donde las sometía y asesinaba con violencia extrema. Las pruebas sugieren que utilizaba herramientas como palas, carretillas y ollas para descuartizar los cuerpos, que luego eran enterrados, quemados o descartados en bolsas de consorcio en basurales cercanos.

La madre de Sergio Sosa, Rosalía Toconás, expresó su dolor tras la confirmación de la muerte de su hijo y exigió justicia en una marcha pacífica. "Este individuo me quitó el derecho de darle a mi hijo un velorio, una cristiana sepultura", declaró. La familia de Sosa relató que la última vez que lo vieron fue en una plaza, tras aceptar una "changa".

Jurado, de 37 años y con antecedentes penales, permanece en prisión preventiva a la espera de nuevas audiencias que podrían agravar su situación judicial. La investigación continúa abierta y no se descarta que en las próximas semanas se sumen nuevas imputaciones, mientras se esperan los resultados de pericias psicológicas y psiquiátricas para esclarecer su perfil. El caso genera conmoción social y demanda respuestas institucionales, con la posibilidad de que se extienda a otras provincias por vínculos con desaparecidos.