Una nena de 11 años reclamó seguir su embarazo
• Niña wichí de 12 años, embarazada tras abuso, se encadenó en Tartagal para evitar interrupción forzada de su embarazo. • Justicia y salud confirman: seguirá con el embarazo bajo control médico. • El caso reabre debate sobre derechos y salud infantil.



Una niña de 12 años de la comunidad wichí, embarazada tras un abuso sexual, se encadenó esta semana en la Ciudad Judicial de Tartagal, Salta, al temer que la justicia forzara la interrupción de su embarazo. El hecho ocurrió luego de que la menor fuera citada a declarar en el marco de la investigación penal contra un joven de 19 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal.
La menor, acompañada por su madre y una referente de la comunidad, interpretó que la citación judicial implicaba una interrupción forzada del embarazo, por lo que decidió protestar encadenándose en el edificio. Fue asistida de inmediato por una psicóloga del Ministerio Público y recibió explicaciones sobre el verdadero motivo de la audiencia, que era tomar su testimonio en un entorno protegido.
Según informaron autoridades sanitarias, la niña cursa un embarazo de alto riesgo, pero tanto ella como el feto se encuentran en buen estado de salud bajo seguimiento médico interdisciplinario. Patricia Leal, directora de Materno e Infancia de Salta, explicó que la menor recibe controles médicos, apoyo psicológico y social, y que la decisión médica es acompañar y monitorear su salud mes a mes. “Nuestra responsabilidad ahora es cuidarla, acompañarla y evitar cualquier complicación”, afirmó.
La familia y la comunidad wichí respaldan la decisión de la niña de continuar con la gestación. Las autoridades judiciales y sanitarias remarcaron que la ley argentina permite la interrupción legal del embarazo en casos de abuso, pero no obliga a la víctima si no lo desea. El caso, que generó manifestaciones y conmoción en Tartagal, reavivó el debate sobre los derechos de las niñas, la salud reproductiva y la protección de menores en contextos de vulnerabilidad social y cultural.
Mientras la investigación penal avanza y se busca al presunto abusador, la menor permanece bajo seguimiento sanitario y acompañamiento integral, en el marco de un protocolo provincial que contempla la atención intercultural y la protección de los derechos de niñas y adolescentes originarias.
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