Un operativo conjunto realizado en la localidad de Pozo Borrado, en el norte de la provincia de Santa Fe, permitió el rescate de 30 a 31 trabajadores rurales que eran sometidos a condiciones de explotación laboral extrema. Entre los rescatados se encontraban dos menores de edad, y la mayoría de las víctimas eran oriundas de Santiago del Estero.

La intervención fue llevada a cabo por la Policía de Investigaciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la Guardia Rural Los Pumas, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Rafaela. Los trabajadores, que desempeñaban tareas de desmalezamiento, vivían hacinados en carpas o casillas precarias, sin acceso a agua potable ni instalaciones sanitarias. Según las fuentes, cumplían jornadas laborales de lunes a lunes, sin descanso, y percibían salarios de aproximadamente 300 mil pesos quincenales, de los cuales se les descontaba el costo de la comida.

Durante el operativo, las autoridades secuestraron teléfonos celulares, un cuaderno con anotaciones y un vehículo. Además, identificaron a dos personas, domiciliadas en Santiago del Estero, como presuntos responsables de la organización y explotación de los trabajadores. La investigación judicial continúa para determinar si existen más implicados en la red de trata laboral.

Las víctimas, muchas de las cuales no sabían leer ni escribir y carecían de documentación, no tenían permitido abandonar los predios ni comunicarse con el exterior. Tras el rescate, fueron asistidas por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, recibiendo alojamiento, alimentación y atención médica y psicológica.

El caso ha puesto en evidencia la persistencia de la explotación laboral en zonas rurales del norte santafesino y la necesidad de fortalecer los controles y la protección de los derechos de los trabajadores. Las autoridades destacaron la importancia del operativo y reafirmaron su compromiso en la lucha contra la trata de personas, aunque reconocen que se trata de un problema estructural que requiere acciones sostenidas.