El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha anunciado su compromiso de presentar una reforma tributaria integral tras las elecciones legislativas de 2025. Este plan, desarrollado en conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca simplificar el sistema impositivo, reducir impuestos considerados distorsivos y mejorar la equidad fiscal.

El FMI, en un informe técnico, calificó el sistema tributario argentino como "excesivamente complejo y distorsivo", señalando que más de 155 impuestos generan una carga administrativa significativa, aunque solo seis concentran el 80% de la recaudación. Entre las recomendaciones del organismo se incluye la eliminación gradual de impuestos como las retenciones y el impuesto al cheque, reemplazándolos por tributos directos más simples y mejor administrados.

El gobierno confirmó que la propuesta de reforma incluirá la armonización de las alícuotas del IVA, la simplificación del impuesto a las ganancias y la eliminación del monotributo. Este último punto ha generado preocupación entre los más de 4.8 millones de monotributistas, quienes podrían enfrentar una mayor carga tributaria y la pérdida de beneficios sociales. Noelia Villafañe, representante de MARA (Monotributistas Asociados de la República Argentina), advirtió que esta medida podría llevar a un aumento de la informalidad laboral y afectar a personas con enfermedades crónicas y otras necesidades específicas.

La reforma también contempla la privatización de empresas públicas y la eliminación de fondos fiduciarios, en línea con los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI. Aunque estas medidas no son condiciones obligatorias para el desembolso de fondos, forman parte de una agenda económica más amplia que busca estabilizar el frente fiscal sin aumentar la presión impositiva total.

El FMI destacó que la reforma debe ser fiscalmente neutra y mejorar la progresividad del sistema, actualmente dependiente de impuestos indirectos. Además, subrayó la necesidad de coordinar cambios a nivel provincial y municipal para garantizar su efectividad.

La implementación de la reforma está prevista para 2026, tras su aprobación legislativa. Mientras tanto, organizaciones y sectores afectados trabajan en propuestas alternativas para mitigar su impacto. La discusión sobre esta reforma promete ser un tema central en el debate político y económico de los próximos años.