El hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima, adolescente desaparecido en 1984, en una vivienda del barrio de Coghlan, Buenos Aires, ha reactivado una investigación judicial que permaneció estancada durante más de cuatro décadas. La causa, que ahora tiene como principal sospechoso a Cristian Graf, excompañero de colegio y propietario de la casa donde se encontraron los huesos, avanza con nuevos testimonios y pruebas documentales.

Según fuentes judiciales, el fiscal Martín López Perrando solicitó la indagatoria de Graf por los delitos de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, cargos que, a diferencia del homicidio, no han prescrito. El juez Alejandro Litvack deberá decidir en los próximos días si acepta el pedido y fija fecha para la declaración. La defensa de Graf, encabezada por el abogado Martín Díaz, sostiene que su cliente no tenía relación con la víctima y desconocía la presencia del cuerpo en su propiedad. "Christian, a Diego, cuando yo le pregunté si lo conoció, me dice que no recuerda haber tenido trato con él", afirmó Díaz, quien también cuestionó la eficacia de la investigación estatal.

El hallazgo se produjo durante trabajos de demolición y excavación en la medianera de la casa, cuando albañiles encontraron los restos óseos. Uno de los trabajadores, Rolando Medina Rodas, relató que Graf le pidió expresamente no tocar un árbol ubicado cerca del lugar donde se hallaron los huesos, actitud que generó sospechas entre los investigadores. "Lo noté inquieto, daba vueltas", declaró Medina Rodas ante la fiscalía.

Testimonios de excompañeros de la ENET N.º 36 "Almirante Brown" permitieron reconstruir la rutina y el entorno social de Fernández Lima, así como la relación con Graf, descrito como "muy tímido" y de pocas palabras. Los registros escolares corroboran que ambos asistieron al mismo curso, aunque la defensa intenta minimizar este vínculo.

La familia de Fernández Lima, que busca presentarse como querellante, espera que el avance de la causa permita esclarecer los hechos y despedir finalmente a su hijo. El caso ha generado conmoción pública y reabre el debate sobre la capacidad del Estado para resolver crímenes de larga data. Las próximas decisiones judiciales serán clave para el futuro de la investigación y para la búsqueda de justicia por parte de los familiares de la víctima.