En un impactante caso ocurrido en Luján de Cuyo, Mendoza, una mujer de 31 años fue rescatada tras denunciar haber sido violada y retenida contra su voluntad en un departamento temporario. Los hechos se desencadenaron en la madrugada del martes, cuando la víctima logró contactar al 911 fingiendo una llamada a su madre. En su mensaje, pidió ayuda en voz baja, lo que permitió que la policía llegara rápidamente al lugar.

Los sospechosos, identificados como Eduardo Aguirre Tuni y Facundo García Henríquez, fueron detenidos en el interior del departamento ubicado en la calle San Martín al 6.300. Según el relato de la víctima, los hombres la invitaron al lugar tras conocerse en el barrio La Estanzuela. Allí, comenzaron a consumir alcohol y cocaína, lo que generó incomodidad en la mujer. Posteriormente, le quitaron su celular y la sometieron sexualmente, golpeándola en varias ocasiones.

La intervención policial permitió rescatar a la mujer, quien presentaba lesiones físicas visibles, y detener a los agresores. La denuncia fue ampliada ante las autoridades judiciales, quienes imputaron a los hombres por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas y por el uso de un arma.

Uno de los detenidos, Facundo García Henríquez, ya contaba con antecedentes por abuso sexual. En 2016, había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por el abuso de una menor de 9 años. Este nuevo caso ha generado preocupación entre las autoridades y la sociedad, reavivando el debate sobre la reincidencia en delitos sexuales y la necesidad de endurecer las penas para agresores reincidentes.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han expresado su repudio ante el hecho, subrayando la importancia de reforzar las políticas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género. Asimismo, destacaron la valentía de la víctima al buscar ayuda en una situación de extremo peligro.

El caso se encuentra ahora en manos de la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, que continuará con la investigación para llevar a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, la víctima recibe asistencia psicológica y legal para afrontar las secuelas del traumático episodio.