La Justicia Federal resolvió un conflicto de competencia clave en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La jueza federal Macarena Marra Giménez aceptó el pedido del Ministerio de Capital Humano y desplazó al juez laboral Raúl Ojeda, quien había suspendido provisoriamente más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral tras una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La decisión implica que el caso pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, que ahora deberá analizar la constitucionalidad de la reforma. El Gobierno había argumentado que la controversia involucra cuestiones de derecho público y, por tanto, corresponde a la justicia federal. La jueza Marra Giménez sostuvo que permitir que tribunales laborales decidan sobre la validez de políticas públicas nacionales alteraría el sistema de control de legalidad y el federalismo.

La CGT, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de una amplia franja de la reforma, alegando que afecta derechos individuales y colectivos reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Entre los puntos cuestionados figuran la reducción de indemnizaciones, la derogación de la ley de teletrabajo, la flexibilización de condiciones salariales y la restricción de la tutela judicial.

El fallo de la jueza Marra Giménez se alinea con la doctrina de la Corte Suprema y el dictamen fiscal, reforzando el papel de la justicia federal en la revisión de políticas públicas. La medida cautelar dictada por el juez Ojeda había sido considerada provisoria, con el objetivo de evitar daños irreparables a los trabajadores mientras se resolvía la validez de la norma.

Analistas advierten que la situación genera incertidumbre jurídica, ya que la vigencia de la ley queda en suspenso hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El Gobierno, por su parte, considera que el fallo despeja el camino para la aplicación de la reforma, mientras que la CGT anticipa que continuará la vía judicial para defender los derechos laborales. El destino final de la reforma podría quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.