El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta declaró culpables a Martina Oliva, ex Miss Orán, y a su ex pareja Joaquín Tolaba por liderar una organización dedicada al narcotráfico. La decisión fue tomada tras un juicio oral en el que se analizaron pruebas sobre el traslado de 15 kilos de marihuana desde Orán hacia la capital salteña, en un caso que captó la atención pública por el perfil mediático de la acusada.

El operativo que permitió desarticular la banda ocurrió el 5 de febrero de 2025, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptó una camioneta en la que viajaban Oliva y Tolaba, actuando como "coche puntero". Detrás, un segundo vehículo transportaba la droga. La persecución, que superó los 180 kilómetros por hora, culminó con la incautación de la marihuana y la detención de varios implicados, algunos de los cuales intentaron huir arrojando paquetes de droga durante la fuga.

Durante la audiencia, Oliva insistió en su inocencia, argumentando que viajaba para inaugurar un local de ropa y que las transferencias bancarias cuestionadas fueron realizadas por pedido de Tolaba. "Me declaro absolutamente inocente de todo lo que se me acusa. Yo no sabía nada", expresó ante el tribunal. Sin embargo, la fiscalía, representada por Eduardo Villalba y Florencia Altamirano, sostuvo que ambos imputados coordinaban la logística y las finanzas de la organización, que habría realizado al menos 31 viajes con cargamentos de marihuana entre 2024 y 2025.

El tribunal, presidido por la jueza María Alejandra Cataldi, consideró acreditada la participación de Oliva y Tolaba en la estructura criminal. Otros cinco miembros de la banda ya habían sido condenados en juicios abreviados, recibiendo penas de entre 4 y 7 años de prisión, y se decomisaron millones de pesos vinculados a la operatoria.

La pena que deberán cumplir Oliva y Tolaba se dará a conocer en los próximos días. El caso ha generado un fuerte impacto en la sociedad salteña y reavivó el debate sobre el narcotráfico en la región, especialmente por la participación de figuras públicas en actividades delictivas. Se espera que la sentencia definitiva marque un precedente en la lucha contra el crimen organizado en el norte argentino.