La investigación por la desaparición de María Cash, ocurrida en julio de 2011 en la provincia de Salta, continuará abierta luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el recurso presentado por la defensa de Héctor Romero, el camionero señalado como principal sospechoso en la causa. La decisión, adoptada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, sostiene que la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, que revocó el sobreseimiento de Romero, no constituye una sentencia definitiva ni cierra el expediente, por lo que la pesquisa debe seguir su curso.

El fallo de Casación, dictado este viernes, argumenta que la defensa de Romero no logró demostrar un perjuicio actual que justificara la intervención del tribunal para frenar la investigación. Además, se impusieron las costas del proceso a la defensa y se dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

En paralelo, la jueza federal Mariela Giménez continuará a cargo de la causa tras el rechazo de su pedido de apartamiento por "violencia moral". La magistrada había solicitado excusarse luego de que la Cámara revocara el sobreseimiento que ella misma había dictado, alegando que la revisión de su decisión y los cuestionamientos técnicos afectaban su imparcialidad. Sin embargo, los camaristas consideraron que la intervención previa de la jueza no compromete su objetividad ni condiciona su función futura, y que apartarla solo sumaría demoras a una investigación que ya lleva 14 años y casi 20.000 fojas.

El expediente, radicado en el Juzgado Federal N°2 de Salta, ha transitado por tres jurisdicciones y está marcado por pistas falsas, hipótesis de trata de personas y testimonios contradictorios. Romero fue la última persona en estar con María Cash antes de su desaparición, y su relato presenta inconsistencias que motivaron la revocatoria de su sobreseimiento. Entre las pruebas pendientes, se destacan peritajes técnicos, análisis de comunicaciones y la conformación de una mesa técnica con expertos.

El Ministerio de Seguridad mantiene vigente una recompensa para quienes aporten datos sobre el paradero de la joven. La fiscalía y la querella insisten en profundizar la investigación sobre Romero y su entorno, mientras que el Defensor Público de Víctimas subraya la importancia de las nuevas pruebas técnicas para esclarecer el caso. La causa, una de las más extensas del país, sigue sin resolverse y la búsqueda de justicia continúa.