El Gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso la suspensión por un año de la exportación de pescado capturado en ambientes naturales del río Paraná y sus afluentes, una medida que entrará en vigencia a partir de diciembre de 2025. La decisión, oficializada mediante la Resolución N° 332/2025 y firmada por los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, responde a la crisis ecológica y productiva que atraviesa la región.

Según los informes técnicos elaborados por los proyectos Ebipibes y Ebipes, la población de sábalos de talla comercial ha disminuido más de un 75% desde 2019, comprometiendo la capacidad de recuperación de la especie y el equilibrio del ecosistema acuático. Los estudios advierten que la bajante histórica del río Paraná, sumada a la presión sostenida de la pesca y las bajas temperaturas, ha afectado la reproducción y supervivencia de peces jóvenes, sin que se evidencien mejoras sustanciales en los últimos años.

La resolución exceptúa expresamente la pesca y comercialización destinada al mercado interno y la exportación de ejemplares provenientes de la acuicultura, actividad que el gobierno provincial busca fomentar como alternativa productiva. "La pesca es una actividad de la que viven muchas familias y es parte de nuestra cultura. Es nuestro deber garantizar que sea sustentable", afirmó el ministro Estévez. Por su parte, Puccini subrayó que "la medida resguarda la pesca y el acopio de los pequeños pescadores".

Sin embargo, la decisión genera preocupación entre los trabajadores del sector. Jesús Pérez, presidente de la Asociación de Pescadores de Santa Fe, advirtió que más de 2.500 familias dependen de la actividad y reclamó diálogo con el gobierno antes de que se tomen medidas de fuerza. "Cuando esas 1.500 familias se vuelquen a vender al mercado interno se va a colapsar el mercado; ya no hay venta en el mercado interno, es muy poca la venta que tenemos", señaló Pérez, quien también cuestionó la falta de alternativas y el impacto desigual de la medida en comparación con otras provincias ribereñas.

La suspensión del acopio para exportación afecta principalmente a frigoríficos y acopiadores autorizados, que concentran una porción significativa de la actividad económica asociada a la pesca. El cumplimiento de la medida será monitoreado por organismos provinciales y nacionales, como Assal, Senasa y ARCA, para asegurar la trazabilidad y el cumplimiento de la suspensión.

La medida se suma a la veda anual del surubí y responde a demandas de especialistas, legisladores y organizaciones ambientales, que advierten sobre el riesgo de colapso del recurso ictícola. El gobierno provincial destaca que la decisión fue adoptada tras un proceso participativo y de articulación institucional, y será evaluada periódicamente en función de los resultados biológicos y ambientales que arrojen nuevos monitoreos. El futuro de la actividad pesquera en Santa Fe dependerá de la capacidad de adaptación del sector y de la implementación de alternativas productivas que permitan preservar tanto el ecosistema como el sustento de las comunidades ribereñas.