El acceso a la vivienda en Neuquén se ha convertido en un problema estructural para miles de familias, según los últimos informes oficiales y encuestas provinciales. Más del 40% de los hogares inquilinos destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de alquiler y expensas, una cifra que evidencia la presión económica que atraviesa la provincia.

El alquiler promedio en la ciudad de Neuquén supera el millón de pesos mensuales, a lo que se suman expensas cercanas a los 180 mil pesos. Frente a un ingreso familiar promedio de 2,38 millones de pesos, el margen para otros gastos básicos se reduce drásticamente. En departamentos, el porcentaje del ingreso destinado a vivienda alcanza el 53%, impulsado por el fuerte aumento de las expensas, que subieron más del 200% en el último año.

El fenómeno se agrava por el crecimiento demográfico: más de 40.000 personas migraron a Neuquén en los últimos dos años, atraídas por el desarrollo de Vaca Muerta y la calidad de vida cordillerana. Esta presión sobre la demanda, sumada a la reducción de la oferta de alquileres permanentes —especialmente en zonas turísticas—, ha consolidado a Neuquén como una de las plazas más caras del país, con valores que en algunos casos superan a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inestabilidad contractual es otro factor de preocupación. Más del 50% de los inquilinos alquila por un año o menos, lo que obliga a mudanzas frecuentes y renegociaciones en condiciones desfavorables. El 30% de los encuestados manifestó temor a no poder sostener su alquiler en el corto plazo, mientras crecen los contratos informales y los subalquileres.

Desde el gobierno provincial se reconoce la gravedad del escenario y se proyectan 20.000 soluciones habitacionales durante la actual gestión, junto con medidas específicas para el sector de alquileres de corto y mediano plazo. "No todos tienen sueldo petrolero", advierten las autoridades, que buscan orientar los precios y ampliar la oferta para aliviar la presión sobre el mercado.

El informe concluye que se requiere una intervención institucional sostenida, con políticas públicas que establezcan precios de referencia, incentiven el alquiler permanente y protejan a los sectores más vulnerables. El desafío, según coinciden funcionarios y especialistas, es garantizar el acceso a la vivienda en un contexto de demanda creciente y oferta insuficiente.