El Grupo Dalvian SA acordó con la Provincia de Mendoza la devolución de 156 millones de pesos, tras un extenso conflicto judicial por el pago excedente en la expropiación de terrenos en la zona de Divisadero Largo. El acuerdo, alcanzado a principios de julio, pone fin a una disputa que se extendió por más de 25 años y que tuvo importantes repercusiones institucionales, incluyendo la destitución de un fiscal de Estado.

El origen del conflicto se remonta a principios de los años 2000, cuando la Provincia de Mendoza decidió crear la Reserva Divisadero Largo y expropió terrenos ubicados al oeste de la capital. En ese proceso, el Estado pagó a Dalvian y a Daniel Vila valores significativamente superiores a los abonados a otros propietarios, llegando a ser hasta nueve veces más altos por metro cuadrado. Esta diferencia motivó reclamos judiciales de otros dueños y una investigación sobre la legalidad de los pagos.

La demanda contra Dalvian fue impulsada por la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, organismos encargados de defender el patrimonio provincial. Tras varios fallos adversos en distintas instancias, incluyendo la Corte Suprema provincial, Dalvian desistió de continuar litigando y aceptó devolver el monto reclamado, que con intereses recalculados asciende a 156 millones de pesos. El pago se realizará en seis cuotas a partir de agosto, sin quitas ni renegociaciones.

El caso tuvo un capítulo institucional relevante en 2014, cuando el entonces fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento. Se le acusó de favorecer al grupo Dalvian al no accionar judicialmente en su contra, a diferencia de lo hecho con otros propietarios. La Corte Suprema provincial y luego la nacional rechazaron los recursos presentados por De Rosas, confirmando su destitución.

La Corte provincial, en su fallo, señaló que se aplicó una tasa de interés inadecuada que benefició a los expropiados y perjudicó al Estado. Ninguna de las partes se atribuyó la victoria tras el acuerdo, que es visto como un cierre a un prolongado episodio de irregularidades en expropiaciones y control estatal. El caso deja como antecedente la importancia de la transparencia y el control en los procesos de expropiación y defensa del patrimonio público.