Un reciente informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) ha puesto en evidencia la presencia de niveles elevados de arsénico en el agua potable de varias localidades del oeste y suroeste de Santa Fe. El "Mapa de Arsénico en Argentina", que recopila 1.500 registros de laboratorio, muestra que ciudades como Venado Tuerto presentan concentraciones superiores a 100 partes por mil millones (ppb), muy por encima del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 10 ppb.

El estudio, relanzado en 2024, ha incrementado la visibilidad de un problema que afecta a unas 300 localidades santafesinas, donde el acceso a agua segura depende de alternativas como plantas de ósmosis inversa, bidones o canillas públicas. Si bien más del 80% de la población está cubierta por acueductos y plantas potabilizadoras, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) identificó 47 localidades con niveles de arsénico por encima del límite provincial de 50 ppb.

El arsénico, un elemento químico natural presente en las napas subterráneas, está vinculado a enfermedades crónicas como cáncer, anomalías congénitas y Alzheimer. Sin embargo, sus efectos no son inmediatos, sino que se acumulan tras años de consumo, lo que contribuye a que el problema sea subestimado. "Entre 10 y 15, e incluso por debajo de 10, ya hay vinculación con enfermedades", advirtió Alejandro Oliva, científico de la UNR y coordinador de la Red Interuniversitaria en Ambiente y Salud.

Las autoridades provinciales, como Aguas Santafesinas (Assa) y Enress, aseguran que la situación está bajo control y que los casos problemáticos son "aislados". "La mayoría de las ciudades tienen acceso a agua potable vía Assa y las que no, tienen tratamientos propios con plantas de ósmosis inversa", afirmó Cristian Latino, gerente de Assa. Por su parte, Hugo Marcucci, titular de Enress, destacó que los controles son permanentes y que se notifican a los municipios para corregir cualquier anomalía.

No obstante, investigadores y activistas insisten en la necesidad de una mayor vigilancia ambiental y reformas legislativas. Aníbal Faccendini, titular de la Cátedra del Agua de la UNR, señaló que "existe una discriminación social en el acceso al agua segura" y que el Estado nacional ha tenido una respuesta "espasmódica" frente a la problemática. El informe concluye que, aunque la mayoría de la población está protegida, persiste una deuda histórica con las pequeñas localidades, donde el acceso al agua potable sigue siendo un desafío y el impacto sanitario podría manifestarse en el largo plazo.