Un joven trabajador rural de 20 años, identificado como Agustín F., denunció haber sido víctima de una brutal sesión de torturas por parte de sus empleadores en una estancia de Vedia, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió el 30 de septiembre y conmocionó a la comunidad local, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores rurales frente a situaciones de violencia extrema.

Según el relato de la víctima, todo comenzó cuando sus patrones lo acusaron de haber robado ganado. Mientras compartían una merienda en la casilla de la estancia, Agustín fue atacado repentinamente, inmovilizado con precintos plásticos y sometido a golpes y amenazas. "Me ataron y me sacaron la oreja con los dientes", relató el joven, quien sufrió una mutilación parcial y graves lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo. Los agresores continuaron la golpiza utilizando un fierro macizo y lo amenazaron con una carabina y una jeringa con líquido, advirtiendo que podría detenerle el corazón.

Durante la tortura, los empleadores le dijeron que lo harían desaparecer en una lata con cal viva y que, si su familia preguntaba, dirían que se había ido a Córdoba. Tras casi una hora y media de agresión, lo llevaron de regreso a su casa en Junín, le dieron pastillas para el dolor y le ordenaron no denunciar lo sucedido, bajo amenaza de muerte para él y su familia.

A pesar del miedo, Agustín decidió denunciar el hecho. El informe médico forense confirmó fracturas en el rostro, desplazamiento del tabique nasal y otras lesiones graves, por lo que se le indicó reposo absoluto por 40 días. "Quedó psicológicamente destruido", afirmaron sus abogados, quienes buscan que la causa sea investigada como intento de homicidio.

La justicia caratuló el caso como privación ilegal de la libertad, lesiones graves y coacción agravada. Se ordenaron allanamientos y secuestro de elementos clave, pero hasta el momento no hay detenidos; solo se dictó una restricción de acercamiento para proteger a la víctima. El caso generó repudio social y abrió el debate sobre la impunidad y la violencia laboral en el ámbito rural argentino.

Dirigentes sindicales como Ramón Espíndola, de UATRE, señalaron que este tipo de hechos se han vuelto más frecuentes y criticaron la falta de acción judicial. El caso de Agustín F. expone la necesidad de mayor protección y justicia para los trabajadores rurales, en un contexto de creciente tensión laboral y reclamos por derechos en el campo argentino.