La megaestafa inmobiliaria que involucra a la empresa Márquez & Asociados ha dejado un saldo de más de 30,000 damnificados en Córdoba y otras provincias argentinas. La compañía, que prometía viviendas "llave en mano" bajo planes de pago accesibles, solo cumplió con la entrega de 2,500 unidades, dejando a miles de familias sin hogar y con pérdidas económicas significativas.

La investigación judicial, liderada por el fiscal Enrique Gavier, ha resultado en la detención de seis personas, incluidos los hermanos Márquez y Matías Nieva, acusados de asociación ilícita y estafa. Además, se ha declarado la quiebra de la empresa, lo que complica aún más la posibilidad de resarcir a los afectados. Según los informes, los bienes de la compañía son insuficientes para cubrir las deudas, y se han detectado propiedades e inversiones en Estados Unidos y Panamá vinculadas a los acusados.

La Fiscalía de Córdoba ha habilitado un sitio web para centralizar las denuncias, que ya superan las 4,000. Los afectados tienen hasta noviembre para verificar sus créditos y ser considerados en el proceso de liquidación. Sin embargo, expertos legales advierten que será difícil recuperar los fondos debido a la insolvencia de la empresa y la complejidad de rastrear bienes en el extranjero.

Entre las irregularidades detectadas, se encuentran contratos abusivos que no garantizaban la construcción de las viviendas. Además, la empresa dejó de pagar sueldos y aportes desde febrero, afectando también a sus empleados. La situación ha generado una crisis habitacional y económica, con damnificados en provincias como San Luis, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero.

En el ámbito político, la legisladora Alejandra Ferrer ha propuesto una línea de créditos a tasas preferenciales para que los afectados puedan completar la construcción de sus viviendas. Mientras tanto, abogados y representantes de los damnificados trabajan en estrategias legales para buscar justicia y reparación económica.

La investigación también apunta al desvío de fondos hacia el extranjero. Se han identificado propiedades y empresas en Estados Unidos, incluyendo un hotel en Florida, como parte de una maniobra para proteger activos del alcance judicial argentino. La justicia enfrenta el desafío de recuperar estos bienes, especialmente en jurisdicciones internacionales.

La magnitud del caso ha colapsado defensorías del consumidor y oficinas legales, mientras los afectados luchan por recuperar sus inversiones y reconstruir sus vidas. La situación pone de manifiesto la necesidad de mayores controles en el sector inmobiliario y de mecanismos más efectivos para proteger a los consumidores en Argentina.