La renuncia de Marcos Ayerra, titular de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, y de Esteban Marzorati, secretario de Industria y Comercio, marca un nuevo capítulo en la reestructuración del área productiva del Gobierno argentino. Según comunicados oficiales, ambos funcionarios dejaron sus cargos por "motivos personales y nuevos desafíos profesionales", aunque fuentes del sector señalan discrepancias con la política económica vigente como factor relevante.

El Ministerio de Economía confirmó que las funciones de ambas secretarías serán absorbidas por la Secretaría de Coordinación de Producción, mientras las subsecretarías continúan operativas bajo la coordinación de Pablo Lavigne. El proceso de optimización de la estructura busca, según el Gobierno, mayor eficiencia, aunque empresarios y entidades del sector pyme advierten sobre el impacto negativo de la medida.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y los Industriales Pymes Argentinos (IPA) expresaron su preocupación por la disolución de la Secretaría Pyme, señalando que la decisión deja al sector sin el canal institucional necesario para gestionar problemas y acceder a programas de apoyo. Daniel Rosato, presidente de IPA, advirtió que "podría significar la desaparición de miles de pymes que requieren una asistencia que nunca tendrán". Desde la asunción de Javier Milei, se reporta el cierre de más de 13.000 pymes industriales y la pérdida de 20.000 puestos de trabajo, según el Observatorio IPA.

La Unión Industrial Argentina (UIA) y otras entidades reclaman la necesidad de líneas de crédito y políticas activas para sostener la producción y el empleo, en un contexto de caída industrial y ajuste fiscal. El sector pyme, que representa el 98% de las empresas y más del 70% del empleo en el país, enfrenta desafíos crecientes ante la apertura de importaciones y la reducción de fondos públicos.

El Gobierno sostiene que los programas y equipos continuarán operativos, pero el sector privado teme una mayor desprotección y estancamiento productivo. La medida se inscribe en una política de ajuste y reestructuración estatal que genera incertidumbre sobre el futuro de las pymes y la industria nacional.