Argentina se convirtió en el centro de una disputa global por el acceso a medicamentos oncológicos de alto costo, tras la irrupción del biosimilar Pembrox, desarrollado por el laboratorio local Elea. Este lanzamiento forzó a Merck & Co. (MSD), titular del medicamento original Keytruda, a reducir sus precios hasta un 56% en el país, marcando un precedente internacional en la lucha por el acceso a tratamientos innovadores.

Hasta enero de 2025, Merck mantenía el monopolio de pembrolizumab en Argentina, con precios que superaban los US$4.800 por dosis en farmacias y US$3.171 en licitaciones públicas. Sin embargo, la ausencia de patente local permitió a Elea lanzar Pembrox, el primer biosimilar mundial de Keytruda, lo que desencadenó una competencia inédita. En cuestión de meses, el precio cayó a US$3.448 en farmacias y a US$1.386 en compras estatales, mientras la inflación argentina superaba el 40%.

La competencia tuvo un impacto inmediato en el acceso: el Estado argentino multiplicó por más de 13 la compra de dosis anuales, pasando de 280 a casi 4.000, y el mercado total de pembrolizumab creció de 50.000 a 80.000 unidades en un año. Oncólogos consultados por medios nacionales confirmaron que Pembrox es equivalente en eficacia y seguridad a Keytruda, lo que facilitó la adopción del biosimilar en el sistema de salud.

El caso argentino es observado a nivel internacional, ya que Merck protege Keytruda con más de 1.400 patentes en 53 países, extendiendo su exclusividad hasta 2028 o más. La estrategia de "evergreening" y el lobby farmacéutico han sido objeto de investigaciones periodísticas globales, que señalan el impacto de los altos precios en el acceso a la salud, especialmente en países de ingresos medios y bajos.

Desde Merck, se defiende la política de precios como necesaria para sostener la innovación y la investigación, mientras que Elea resalta el beneficio social y económico de la competencia. Pacientes y médicos celebran el mayor acceso, aunque advierten que los precios siguen siendo elevados para quienes no cuentan con cobertura médica.

La flexibilización de la ANMAT para aprobar biosimilares y la expansión de Pembrox a otros países de la región muestran que el modelo argentino podría replicarse. Sin embargo, persiste el debate sobre cómo equilibrar la protección de la innovación con el derecho a la salud y el acceso universal a tratamientos vitales.