La crisis en la obra social IOSFA, que brinda cobertura médica a las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Argentina, ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses. El conflicto, que involucra al Ministerio de Defensa bajo la gestión de Luis Petri, se ha manifestado con fuerza en ciudades como Bahía Blanca y Punta Alta, donde trabajadores y familiares de militares han denunciado la falta de acceso a tratamientos médicos esenciales, especialmente para pacientes oncológicos.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Martín Salazar, suboficial de la Armada Argentina, quien enfrenta una recaída de cáncer de colon con metástasis. A pesar de contar con la cobertura legal y médica necesaria, IOSFA solo autorizó tres de los cinco medicamentos prescritos, obligando a la familia a recurrir a la justicia para obtener el tratamiento completo. "Presentamos un reclamo con un estudio genético que justificaba el tratamiento, y nos negaron la cobertura dos veces", relató su esposa Gabriela, quien también denunció la demora y la burocracia que pone en riesgo la vida de su esposo.

La situación se agrava por el colapso financiero de IOSFA, que acumula una deuda de $161 mil millones y enfrenta atrasos de hasta cuatro meses en la entrega de medicamentos. Pablo Mendoza, secretario general de ATE Punta Alta, advirtió que "cada día que pasa se va agravando un poco más, y se está jugando con la vida de los trabajadores". Mendoza también señaló la falta de médicos, el cierre de farmacias y la reducción de prestaciones, lo que ha generado movilizaciones y protestas en la región.

El Ministerio de Defensa solicitó recientemente un préstamo de $40 mil millones para mejorar el sistema, pero según fuentes gremiales, esos fondos se destinaron al pago de deudas y no a la inversión en salud. La eliminación de aportes para militares retirados y la precarización salarial han profundizado la crisis, mientras crecen las sospechas sobre una posible privatización de la obra social.

IOSFA, con 550 mil afiliados, es una de las cinco obras sociales más grandes del país. El ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades han generado un clima de incertidumbre y malestar entre los trabajadores y sus familias. "No vemos un horizonte de salida para que esto se solucione en el corto plazo", concluyó Mendoza, reflejando la preocupación generalizada por el futuro del sistema sanitario militar.

La viralización de casos como el de Salazar ha movilizado a la sociedad y aumentado la presión sobre el gobierno, que hasta el momento no ha dado señales claras de solución. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias profundas para la salud y la seguridad de miles de familias en todo el país.