La Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una de las estafas más grandes de su historia, tras el desvío de más de 1.591 millones de pesos desde cuentas del Banco Nación pertenecientes a las facultades de Derecho y Odontología. El fraude, que ocurrió en septiembre de 2024, fue realizado mediante 13 transferencias bancarias utilizando un mecanismo conocido como Transferencias MEP (Medio Electrónico de Pago).

Según la investigación judicial, los responsables de la estafa utilizaron un correo electrónico apócrifo que imitaba al oficial de la UBA para enviar órdenes de transferencia. Estas órdenes, que debían ser gestionadas presencialmente con formularios físicos y firmas verificadas, fueron presentadas en papel con firmas falsificadas. El Banco Nación ejecutó las transferencias sin realizar las verificaciones necesarias, lo que permitió que los fondos fueran desviados a cuentas de personas físicas y jurídicas inexistentes, incluyendo empresas como Elysium SA y Ekzplodo SA.

El caso está siendo investigado por el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Sebastián Ramos. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas y 17 procesadas. Las auditorías internas realizadas por la UBA no encontraron responsabilidad directa de su personal, pero la fiscalía no descarta posibles vínculos entre los estafadores y empleados del Banco Nación.

Matías Ruiz, Secretario de Hacienda de la UBA, declaró que "la estafa no fue a la UBA sino al Banco Nación" y exigió la restitución de los fondos. Además, señaló que la universidad no realiza operaciones mediante este método y que las transferencias se realizaron sin cumplir con los procedimientos establecidos.

El impacto de la estafa es significativo, ya que los fondos sustraídos estaban destinados a proyectos importantes, como un polo de investigación en ciencia y tecnología en la Facultad de Odontología, además de cubrir gastos operativos y de mantenimiento. Ambas facultades han reforzado sus medidas de seguridad contable y continúan funcionando con normalidad.

El Banco Nación, que también es querellante en la causa, ha iniciado una investigación interna para esclarecer cómo se vulneraron sus sistemas de seguridad. Mientras tanto, la fiscalía busca determinar el alcance total de la red de estafadores y las posibles fallas en los controles que permitieron la concreción de esta maniobra.

La comunidad universitaria y las autoridades esperan que la justicia avance rápidamente para recuperar los fondos y sancionar a los responsables. Este caso pone en evidencia la necesidad de reforzar los controles en las operaciones bancarias y en la gestión de fondos públicos, para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.