Los docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas argentinas atraviesan una de las peores crisis salariales de los últimos años, tras los recortes presupuestarios implementados por el gobierno de Javier Milei desde 2024. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y enero de 2026 los salarios del sector cayeron un 34% en términos reales, ubicando a la mayoría de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, que en enero de 2026 se situó en $1.360.299 para un hogar tipo.

El ajuste presupuestario impactó de lleno en los ingresos de docentes y no docentes, que representan el 86,9% del gasto universitario. Un titular con dedicación exclusiva percibe un salario básico bruto de $1.456.091, mientras que un adjunto recibe $1.135.896 y un Jefe de Trabajos Prácticos, $975.510. Los docentes con dedicación simple, en cambio, cobran entre $364.022 y $203.736, cifras muy por debajo del costo de vida actual.

La crisis se agravó tras la suspensión de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, que había sido ratificada en octubre de 2025 y luego suspendida por decreto. Aunque la justicia ordenó su aplicación en diciembre, el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto que propone una recomposición salarial del 12,3% en cuotas, muy lejos del 44% previsto por la ley original. De haberse aplicado la ley, los salarios habrían recuperado casi todo el poder adquisitivo perdido desde 2023.

En este contexto, desde el 16 de marzo, el Frente Sindical que agrupa a docentes y no docentes convocó a una semana de protestas y paros, afectando el inicio del ciclo lectivo en varias universidades. La Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un comunicado exigiendo la aplicación de la ley y denunciando la emergencia salarial y presupuestaria.

Gremios y analistas advierten que, de persistir la situación, el modelo de universidad pública gratuita y de calidad está en riesgo, con posibles cierres de facultades y cese de investigaciones científicas. El Gobierno, por su parte, sostiene la necesidad del ajuste y defiende su propuesta de aumentos escalonados, mientras la comunidad universitaria reclama una solución urgente para evitar el deterioro del sistema educativo superior.