Una jubilada de 70 años de La Plata obtuvo un fallo judicial favorable tras ser víctima de una estafa digital que le costó todos sus ahorros. El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 23 de La Plata responsabilizó a la entidad financiera por no prevenir el fraude y ordenó la restitución de más de 22.500 dólares y 770.000 pesos, además del pago de una indemnización millonaria.

El hecho ocurrió cuando la mujer, buscando información sobre trámites bancarios, fue contactada por WhatsApp por alguien que se hacía pasar por representante del banco. Tras insistencia, la víctima entregó datos personales y poco después notó que sus cuentas habían sido vaciadas. El banco, al ser notificado, argumentó que la responsabilidad recaía en la clienta por compartir sus claves, defendiendo la seguridad de sus sistemas.

Sin embargo, peritos informáticos y contables determinaron que el sistema bancario no contaba con alertas eficaces para detectar transferencias inusuales, permitiendo que los fondos fueran extraídos en menos de 24 horas sin activar bloqueos ni notificaciones. La jueza consideró que la entrega de datos, aunque relevante, no fue la causa exclusiva del daño, y que la principal responsabilidad recae en la falta de medidas de seguridad y monitoreo del banco.

El fallo incluyó una indemnización por daño moral, respaldada por un informe psicológico que evidenció un fuerte impacto en la salud mental de la víctima, y una multa civil de seis millones de pesos por incumplimiento de deberes de trato digno y atención al usuario. La sentencia se fundamentó en la protección de los derechos de los adultos mayores y en la Ley de Defensa del Consumidor, subrayando la obligación de los bancos de adecuar sus sistemas a los estándares exigidos por la normativa nacional y el Banco Central.

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas bancarios ante fraudes digitales y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y respuesta. La resolución podría sentar precedente para futuros reclamos de clientes afectados por delitos similares, marcando un hito en la protección de los usuarios de servicios financieros en Argentina.