La Cámara Federal de Argentina confirmó el procesamiento de exfuncionarios de Vialidad Nacional, empresarios y dos empresas por su presunta participación en un esquema de sobornos relacionados con obras viales en las provincias de Córdoba y Buenos Aires. La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes ratificaron la resolución del juez federal Sebastián Casanello.

El caso se originó en 2018, cuando Javier Iguacel, entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, denunció irregularidades en tres obras viales: dos en la Ruta Nacional 19, en Córdoba, y una en la Ruta Nacional 8, en Buenos Aires. Según la investigación, las empresas "Lemiro Pablo Pietroboni S.A." y "Luis Losi S.A." habrían construido terraplenes más bajos de lo declarado, permitiendo que el Estado pagara de más. Parte de ese excedente habría sido devuelto como sobornos a los exfuncionarios.

Un testimonio clave fue el de un supervisor de obra, quien relató cómo Guillermo Crisci, entonces coordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de Casa Central de Vialidad Nacional, lo instruyó para reducir los perfiles de los terraplenes y encubrir las irregularidades. Según el testigo, Crisci le dijo: "Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata entre Carlitos, vos y yo".

El juez Casanello había procesado a los acusados el año pasado, pero la Cámara Federal inicialmente dictó la falta de mérito y ordenó nuevas medidas de prueba. Con la incorporación de nuevos elementos, la Cámara consideró que se superaron las deficiencias probatorias y ratificó los procesamientos. Entre los procesados se encuentran Crisci, el supervisor Fernando Mardiza, el topógrafo Ernesto Leal, y los empresarios Gabriel Pedro Losi y Maximiliano Pietroboni. También se confirmaron embargos millonarios, incluyendo $632.381.436,96 sobre las empresas involucradas.

En su resolución, la Cámara destacó que las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las empresas sugieren que el esquema de corrupción no fue un acto aislado, sino que implicó un nivel de conocimiento y beneficio para las compañías como entidades. Este caso, además de reforzar las sospechas de fraude y sobornos, podría sentar un precedente en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

El impacto de esta decisión judicial es significativo, ya que subraya el compromiso de la justicia argentina en la lucha contra la corrupción en obras públicas. Las investigaciones continúan, y se espera que este caso sirva como un ejemplo en la búsqueda de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos.